¿Quién puede más?

Ya no se trata solo de medidas extravagantes, como el cambio de decoración en la Casa Blanca, sino de modificaciones que alteran el funcionamiento del gobierno en todo el país y obligan a replantearse el equilibrio entre los diferentes estamentos públicos.

Lo que está en liza es el alcance del poder presidencial, en un enfrentamiento con las otras dos ramas del gobierno e incluso con sectores de su propia rama ejecutiva, semejante al que el país vivió hace casi 200 años con el también populista presidente Andrew Jackson, un hombre que pujó contra los límites constitucionales a su poder.

Es los años transcurridos tras la tormentosa presidencia de Jackson, el país se ha acostumbrado a los checks and balances algo así como “controles y equilibrio” entre las diversas fuerzas y centros de poder, especialmente entre las ramas judicial, legislativa y administrativa.

A cualquier extranjero que se asiente en Estados Unidos, le explican hasta la saciedad que el sistema político se basa en estos controles impuestos por la constitución del país para garantizar las libertades que los emigrantes a estas costas no tenían en sus países de origen.

Parte esencial de este equilibrio es la división de poderes entre las tres ramas de gobierno, pero este equilibrio parece ahora cuestionado por un presidente que trata de acaparar más poderes.

Incluso dentro de la administración hay tradicionalmente áreas autónomas, independientes de la Casa Blanca excepto para el nombramiento de sus dirigentes, como ocurre con la Reserva Federal –nombre que lleva aquí el Banco Central– cuyos funcionarios son nombrados por el presidente, pero tienen el cargo garantizado por un plazo determinado y actúan de forma independiente libres de la influencia presidencial.

A Trump no le gusta este sistema y simplemente ignora las normas y avasalla a quienes limitan su capacidad de maniobra, como ocurre ahora con la Reserva Federal, a cuyo presidente quiere despedir a pesar de que él mismo lo nombró en su primer mandato, porque no le gusta su política monetaria.

Es algo que ha extendido ahora a otros cargos de la misma entidad, como la funcionaria Lisa Cook, a quien el presidente ha decidido cesar y quien, contrariamente a otras personas en situación semejante, ha decidido resistirse al despido y utilizar cualquier arma administrativa a su disposición. Está por ver si consigue mantenerse y, en este caso, si servirá para frenar los intentos de Trump en otras áreas.

Otro tanto ocurre con los funcionarios despedidos que creían aseguradas sus carreras: la iniciativa de Elon Musk, el multimillonario a quien Trump encargó que redujera el desperdicio en el gasto público, sigue adelante a pesar de que Musk ya no siga en la Casa Blanca ni sea tan amigo de Trump.

Centros de tanto prestigio como el Food and Drug han perdido empleados que se han buscado la vida en empresas privadas, ávidas de contar con expertos en el funcionamiento de la agencia gubernamental de la que dependen las autorizaciones para comercializar sus investigaciones.

Trump tiene prisa, pues tan solo le quedan poco más de tres años en el poder, tras los cuales ya no podrá presentarse a nuevas elecciones pues la constitución limita a dos los mandatos presidenciales.

Podría tener aún menos tiempo si el Partido Republicano pierde las tenues minorías de que dispone en las dos cámaras del Congreso en las elecciones del próximo año, lo que convertiría los dos últimos años de la presidencia de Trump en el calvario de su primer mandato cuando tuvo que dedicar buena parte de su tiempo y su dinero a defenderse de acusaciones e intentos de obligarle a dimitir.

De lo contrario, el resto de su presidencia estará marcada por su voluntad de modificar el país. Estados Unidos saldría profundamente transformado de su gestión, con las consecuencias inevitables que podría traer para sus aliados en países democráticos alrededor del mundo.