El Tribunal Supremo de Reino Unido ha rechazado el recurso del Gobierno británico para autorizar la deportación de migrantes a Ruanda, uno de los grandes objetivos en materia de política migratoria que defendía el Ejecutivo de Rishi Sunak, que llegó a organizar en junio uno de estos vuelos. Este primer vuelo quedó paralizado ‘in extremis’ por intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que respondió a una queja de organizaciones. A finales de junio, un tribunal británico determinó que el plan de deportaciones asumido por los últimas administraciones era ilegal.

El Supremo rechazó ayer las razones porque cree que el plan no examina a fondo si Ruanda puede considerarse un país seguro ni ofrece suficientes garantías de que, por ejemplo, los migrantes no puedan ser deportados en un futuro a las zonas de las que previamente habían escapado, informa la BBC.

El acuerdo fue pactado en inicio en abril de 2022, durante la etapa de Boris Johnson en Downing Street y entronca con los mensajes que después ha asumido Sunak, que ha hecho de “frenar los barcos” en el canal de la Mancha uno de sus grandes lemas. Más de 220 migrantes han muerto en esta ruta desde el año 2014, 14 de ellos este año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).“No es el resultado que queríamos”, admitió Sunak, en una primera reacción en la que también dijo que se abre a estudiar “próximos pasos”. “Hemos pasado los últimos meses planeando todas las eventualidades y seguimos plenamente comprometidos con frenar los barcos” recalcó el ‘premier’ en un comunicado.

Cambios legales

En este sentido, se aferró a la idea de que, según las sucesivas sentencias, “enviar migrantes ilegales a un tercer país seguro para su procesamiento es legal”, lo que abre la puerta a iniciativas similares a la de Ruanda, si bien por ahora no hay ningún otro compromiso cerrado.

Sunak advirtió de que “la inmigración ilegal destruye vidas y cuesta millones de libras al año a los contribuyentes británicos”, por lo que cree necesario hacer “lo que haga falta”. “Cuando las personas sepan que si vienen aquí ilegalmente no podrán quedarse, dejarán de venir y frenaremos los barcos”, apostilló.

En declaraciones en la Cámara de los Comunes, planteó incluso la posibilidad de “revisar los marcos legales internos” si se hace necesario para adecuarlos a futuras medidas. “El Gobierno ha estado trabajando ya en un nuevo tratado con Ruanda y cumpliremos al albor de la sentencia”, añadió.

El ministro del Interior, James Cleverly, sugirió una potencial revisión de los pactos suscritos al apuntar que el Gobierno “todavía” no puede enviar migrantes a Ruanda. También afirmó que otros países europeos, como “Italia, Alemania y Austria”, están “explorando” la posibilidad de aplicar modelos similares.

La exministra del Interior Suella Braverman, cesada esta misma semana, avisó el martes en una dura carta contra Sunak que una derrota en el Supremo implicaría volver “a la casilla de salida” y sin un “’plan B’ creíble” sobre la mesa.

Por su parte, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, describió el fallido plan migratorio del Ejecutivo como “un espectáculo ridículo y patético”. Ha reclamado que se trate el tema de las llegadas de migrantes “con la seriedad que merece”.

Ruanda se defiende

Las reacciones también llegaron desde Ruanda, cuyo Gobierno dejó claro que la decisión final sobre el tema recaía en el sistema judicial de Reino Unido. Sí cuestionó, no obstante, que Ruanda no sea considerado “un tercer país seguro” y defendió los compromisos del país africano con las “obligaciones internacionales” y con dar un “trato ejemplar” a los refugiados.

“Nos tomamos en serio nuestras responsabilidades humanitarias y seguiremos haciéndolo”, subrayó el Gobierno ruandés, que defiende su apuesta por integrar en la sociedad local a los migrantes que fuesen trasladados desde Reino Unido.