El presidente ruso, Vladímir Putin, está aprovechando la campaña militar en Ucrania para acallar a disidentes como el dirigente opositor Iliá Yashin, que fue condenado el viernes a ocho años y medio de cárcel por denunciar los presuntos crímenes de guerra rusos. “Considero que es absolutamente inaceptable la injerencia en las actividades de los tribunales. Poner en duda los fallos de los tribunales es inapropiado”, señaló ayer el presidente ruso al negarse a valorar el fallo.
Las leyes de la guerra aprobadas por el Kremlin convierten en delito penal cualquier crítica, por nimia que sea, a la labor del Ejército ruso en Ucrania, sean críticas a la movilización de reservistas, a los fracasos en el campo de batalla o a crímenes de lesa humanidad. Yashin, de 39 años y que pidió esta semana a Putin desde el tribunal la retirada de las tropas rusas de Ucrania, es uno de los pocos opositores que aún no se había exiliado.
La mayor pena
La jueza del tribunal Meshanski de Moscú consideró ayer plenamente demostrada la culpabilidad de Yashin al difundir “información falsa” sobre las Fuerzas Armadas motivado por el “odio político”. El artículo 207.3 del código penal castiga ese delito con diez años de cárcel. Ésta es la mayor pena dictada contra un ciudadano ruso desde que se aprobara dicha ley al comienzo de la intervención militar rusa. “Los líderes fuertes están tranquilos y seguros de sí mismos, y sólo los débiles hacen todo lo posible para taparles a todos la boca y acabar con todos los disidentes”, comentó Yashin, que cometió ese supuesto delito al aludir a las informaciones de la prensa occidental sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos en la localidad de Bucha.
