- Las imágenes de la matanza en Bucha, en Ucrania, evidencian algunos de los crímenes que la Corte Penal Internacional (CPI) puede procesar en La Haya, pero experiencias como las del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) muestran que el objetivo de que los responsables rindan cuentas es un viaje lento y difícil, pero no imposible.

Un equipo del fiscal de la CPI, Karim Khan, está ya investigando la situación en Ucrania y los expertos consultados coinciden en que lo urgente es garantizar que cualquier evidencia quede guardada y los testimonios estén documentados ahora que los eventos son aún recientes.

“La justicia es una partida muy larga. Es importante no perder la esperanza, seguir con la documentación, porque las cosas que hoy son políticamente imposibles, podrían no serlo en diez años. No va a ser mañana o en un mes”, señala Iva Vukusic, profesora de Historia Internacional en la Universidad de Utrecht e investigadora del trabajo del TPIY.

El TPIY, que se disolvió en 2017, se creó en 1993 por la ONU para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia, cuando aún ni siquiera existía la CPI, que empezó a operar en 2002 y no es un tribunal de la ONU, sino que tiene al Estatuto de Roma por tratado fundacional, firmado por 123 países, entre los que no están ni Rusia ni Ucrania.

Vukusic explicó que el juicio a los perpetradores de los crímenes de los noventa en los Balcanes es “sin duda una historia judicial de éxito en comparación con otros conflictos porque cientos de personas fueron juzgadas en La Haya y en la región”, pero recordó que durante años “nadie pensó que se llegaría a ver alguna vez a los acusados en la Corte, pero luego fueron arrestados, procesados y condenados”, señala.

Sospechosos de alto nivel, como el general Ratko Mladic, y su jefe político, Radovan Karadzic, no fueron arrestados hasta 2011 y 2008, respectivamente, y después sentenciados a cadena perpetua por crímenes como el genocidio de Srebrenica, y los crímenes de guerra y lesa humanidad en el asedio de Sarajevo.