Los reos de Guantánamo más peligrosos, en el ojo del huracán

Washington - La Casa Blanca aseguró la semana pasada que ultima un plan para cerrar finalmente la prisión de la base naval de Guantánamo (Cuba), una promesa pospuesta durante años. Tras 14 años de existencia, la prisión, un limbo legal creado por la Administración Bush para encarcelar, interrogar y procesar como combatientes enemigos a presuntos extremistas islámicos, sigue siendo la cárcel para 116 detenidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest reiteró que cerrar Guantánamo es una prioridad para Obama, quien considera que el penal en territorio cubano es un dispendio innecesario, empeora la imagen del país y es un recurso para la propaganda terrorista, que ha utilizado la iconografía del Guantánamo (como los uniformes naranjas) en ejecuciones y vídeos. Con la llegada del nuevo secretario de Defensa, Ash Carter, la Administración estadounidense ha puesto las bases para acelerar las transferencias de presos, pero el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido dificultar esa posibilidad.

Obama ha transferido a la mitad de los 242 prisioneros que permanecían en Guantánamo cuando llegó al poder en enero de 2009 y ahora tiene la intención de acelerar las trasferencias. En menos de año y medio, deberá apresurarse para reducir la población carcelaria de Guantánamo, empezando por los 52 internos que ya han recibido el visto bueno para ser liberados, pero cuya salida se retrasa por la necesidad de acuerdos con terceros países. El hueso duro llegará cuanto más se reduzca el número de presos, especialmente cuando haya que decidir qué hacer con los 54 declarados peligrosos, pero cuyos casos están tan manchados por la tortura y violaciones procesales que su imputación en un tribunal federal ordinario sería improbable: los llamados “eternos prisioneros”.

Pero el proceso no es sencillo. Defensa debe obtener garantías de seguridad y avisar con 30 días de antelación al Congreso, que tiene la prerrogativa de bloquear la transferencia. Y el punto más complicado será cuando las autoridades estadounidenses pasen a decidir qué hacer con la decena de detenidos más peligrosos, los considerados de “alto valor” y que han sido condenados o están siendo procesados por las comisiones militares.

Entre ellos se encuentran el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, y cuatros de sus cómplices, así como el autor intelectual del ataque mortal contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000, Abdl al Rahim al Nashiri. Todos están a la espera de que comience su juicio en las comisiones militares de Guantánamo, que podrían condenarles a muerte. No obstante, si el penal se cierra, esos procesos judiciales deberían reiniciarse en Estados Unidos, algo que ya intentó Obama nada más llegar al poder y levantó fuertes críticas.

La opción que podría estar manejando la Casa Blanca es encarcelar a aquellos pendientes de juicio en prisiones de máxima seguridad y establecer las normas para procesarlos en territorio estadounidense, asegurándose, básicamente, de que antes de ser ejecutados o condenados a cadena perpetua los acusados tienen un juicio justo.