Antonio Manuel Guerrero, más conocido como el guardia civil de La Manada, ha escrito una carta a la Audiencia Provincial de Navarra en la que ofrece pagar 10 euros al mes para hacer frente a la indemnización que debe abonar a la víctima. Es nauseabundo. Guerrero está condenado por violar, grabar y robar a la joven, y acumula otra pena por abusos sexuales a otra chica en Pozoblanco. Los cinco miembros de La Manada fueron condenados a indemnizar a la víctima con 100.000 euros, pero, cuatro años después de que la sentencia fuera firme, solo han abonado 37.000 euros, 25.000 procedentes del embargo del piso de uno de ellos. La solicitud de Guerrero coincide estos días con la emisión de No estás sola, la lucha contra La Manada, un recomendable y riguroso documental que huye del sensacionalismo para ofrecer un relato estremecedor de una violación grupal que conmovió a la sociedad. Desde Pamplona hasta Sídney, las movilizaciones de protesta tras conocerse la primera sentencia al grito de “yo sí te creo” fueron solo el inicio de un tsunami que desembocó en la ley del sólo sí es sí, que ha marcado un antes y un después, como se ha podido comprobar recientemente en el fallo del caso Alves. Conductas que antes estaba casi normalizadas, ahora no solo generan un rechazo social sino que tienen las lógicas consecuencias penales.
