l Ayuntamiento de Donostia ha colocado dos inforradares junto a los colegios de La Asunción, en la avenida Alcalde José Elosegi, y Villa Belén, en la cuesta de Aldapeta. Estos aparatos van avisando a los conductores de que deben reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora al pasar junto a los centros escolares y se ponen en rojo en caso de que los vehículos sobrepasen esta velocidad.

La implantación de inforradares pretende hacer más seguros los pasos de cebra situados junto a los centros escolares, donde se ha registrado más de un atropello y diversas situaciones de peligro. El colegio de La Asunción, por ejemplo, había solicitado al Consistorio la puesta en marcha de algún dispositivo para reducir el peligro junto a sus instalaciones. Hasta la colocación del inforradar, el viernes de la pasada semana, se autorizaba circular a 50 kilómetros por hora en este punto. Cuando retornen los escolares al centro se activará el dispositivo, que solo permite ir a 30 kilómetros por hora.

Se prevé que, en el futuro, la gran mayoría de las carreteras donostiarras tengan una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, con el fin de atender a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hasta que llegue este momento, aparatos como los inforradares ayudarán a contener la velocidad en puntos peligrosos.

El Alto de Miracruz contó hace unos años con otro tipo de dispositivo, denominado foto-rojo, que multaba a los conductores que no respetaban la orden de parada del disco luminoso. Este tipo de radar estuvo en periodo de pruebas cerca de un año y en 2012, tras comprobarse su efectividad, el Ayuntamiento comenzó a sancionar, al igual que con el que colocó en la avenida de Zumalakarregi. Pero los jueces se posicionaron en contra del dispositivo y el Consistorio dejó de usar sus imágenes para sancionar.

Los aparatos fotografiaban la matrícula del coche que pasaba con el semáforo en rojo y se tramitaba una multa, que se concretaba en 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir por considerarse una infracción grave. Sin embargo, los conductores multados comenzaron a recurrir contra las sanciones derivadas del foto-rojo. Las reclamaciones llegaron hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón a los automovilistas porque consideró que las imágenes captadas por los dispositivos no tenían valor probatorio. Para el Alto Tribunal, los aparatos debían estar sometidos a un control metrológico, como los radares, y no lo estaban.

Los tribunales anularon las multas impuestas por los foto-rojos, por lo que sus imágenes dejaron de usarse para sancionar