donostia - El Gobierno municipal de Donostia cree que la Fiscalía "tendrá que dar los pasos oportunos" en relación con la situación generada en la obra del polideportivo de Altza, donde se han producido numerosas irregularidades que han terminado con la rescisión del contrato por parte de la UTE Acciona y Altuna y Uria, adjudicataria de la obra, a la subcontrata Fermín Group Ibérica. Esta última firma, tal como adelantó NOTICIAS DE GIPUZKOA, ha ido trayendo varias cuadrillas de operarios de Ponferrada, Madrid y otras localidades a la obra, les ha dejado de pagar, además de fijarles sueldos por debajo del convenio de Gipuzkoa, y ha contraído deudas de un montante total cercano a 10.000 euros tanto con el restaurante en el que comían los trabajadores, como con el hostal y el apartamento en el que dormían.

Una vez confirmado el conjunto de ilegalidades en la obra del nuevo polideportivo -adjudicado en 14,2 millones-, la Inspección de Trabajo paró la obra y el Ayuntamiento pidió explicaciones a la UTE adjudicataria que, el pasado jueves, comunicó que había tomado la decisión de rescindir el contrato con la subcontrata, además de abonar las deudas con el restaurante y los alojamientos, así como los sueldos de los operarios.

Así lo aseguró ayer el concejal de Deportes, Martin Ibabe, en la comisión de Espacio Público y Servicios Urbanos, en la que intervino a petición de los grupos municipal de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, que presentaron una interpelación de urgencia que apoyaron todos los grupos políticos.

Ambas formaciones de la oposición, además, preguntaron al Gobierno local PNV-PSE qué piensa hacer para evitar este tipo de irregularidades en una obra con dinero público. En concreto, Ricardo Burutaran (EH Bildu), preguntó por medidas para evitar el "enriquecimiento ilícito" mientras que Haizea Garay (Elkarrekin Donostia) solicitó actuaciones para evitar que se "vulneren los derechos de los trabajadores".

Ibabe explicó los pasos dados por el Ejecutivo nada más conocer la "grave" situación y añadió: "Hay unos organismos que tienen su responsabilidad, como Inspección Laboral, para hacer los seguimientos que les corresponda hacer, y la propia Fiscalía, viendo la gravedad de algunas de las cuestiones, tendrá que dar los pasos oportunos y estaremos a su disposición para lo que nos pidan". Asimismo, manifestó que "cada Administración tiene una responsabilidad y sus competencias, sin dejar al margen que es una obra pública".

Los grupos de la oposición preguntaron también si los sueldos se han abonado a la última cuadrilla presente en la obra, o también a las anteriores (que se fueron sin cobrar), así como si los sueldos fueron los del convenio de Gipuzkoa o los que se les había fijado. Estos extremos no pudieron ser aclarados ayer, ya que el informe remitido al Consistorio por Altuna y Uria y Acciona no lo concretaba.

Por otra parte, Garay señaló que una subcontrata implicada en las irregularidades de esta obra también fue expulsada de la reforma del estadio de Anoeta por similares cuestiones y destacó que la UTE adjudicataria "solo tiene un trabajador de cada empresa" y los demás estén subcontratados. Asimismo, siguiendo lo reclamado por el sindicato ELA, preguntó si los trabajadores que se han quedado sin empleo serán subrogados por la siguiente subcontrata.