EAJ-PNV de Hondarribia ha mostrado su “profunda preocupación” por el decreto de Alcaldía publicado esta semana en torno a los actos festivos del 7 y 8 de septiembre. En un comunicado, la formación jeltzale acusa al equipo de gobierno de “imponer decisiones de manera unilateral” sin buscar el consenso necesario.

Según el PNV, el alcalde ha aprobado unos horarios y medidas “plenamente consciente de que no satisfacen a las partes”, repitiendo así “una práctica contraria al discurso de consenso” que asegura mantener. Además, critican que este año se introduzcan “novedades relevantes” el 7 de septiembre “sin ningún espacio de debate previo”.

La principal discrepancia se centra en la incorporación de representantes de Jaizkibel junto a la corporación municipal en los actos oficiales del día 7. Para los jeltzales, se trata de una medida que “no ayuda a generar un ambiente de tranquilidad ni de convivencia pacífica”. Recuerdan, en este sentido, que “ni Jaizkibel ni ninguna otra agrupación deben acompañar a la Corporación, cuya identidad institucional debe mantenerse propia”.

El comunicado señala también que el conflicto en torno al Alarde lleva casi tres décadas presente en Hondarribia y “no se va a resolver a golpe de decreto ni siguiendo la presión política de EH Bildu”. A juicio del PNV, la decisión adoptada responde a presiones de la coalición abertzale y a voces internas de Abotsanitz, lo que “solo incrementa el conflicto”.

Los jeltzales apelan a la sentencia del Tribunal Supremo 279/2007, que reconoció la legitimidad de ambas formas de celebrar el Alarde, pero estableció que deben desarrollarse por separado mientras no exista acuerdo entre las partes. En este sentido, recuerdan que el modelo aplicado en 2023, “funcionó de manera más respetuosa” y critican que se vuelva a poner el foco en el entorno de Gernikako Arbola.

“El gobierno llegó hace más de dos años transmitiendo que tenía soluciones para todo. La realidad es que lo único que han conseguido es aumentar la tensión social”, reprocha el PNV, que reitera su disposición al diálogo y reclama al Ayuntamiento “menos imposición y más acuerdos”.