La Fiscalía pide siete años de cárcel para un empleado de mantenimiento de un centro educativo de Irun acusado de agredir sexualmente, fuera del horario lectivo, a una alumna de 16 años cuya amistad se ganó para trasladarla a un descampado en el que presuntamente la violó. Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan a finales de enero de 2021, momento en el que el inculpado, de nacionalidad extranjera, contactó a través de una red social con la adolescente, a la que conocía por ser alumna del centro educativo en el que él trabajaba como empleado de mantenimiento. De esta manera, a lo largo de unas dos semanas, logró entablar una relación de amistad con la chica, con la que finalmente quedó sobre las 15.00 horas del 6 de febrero.
El documento del Ministerio Público precisa que el hombre acudió a la cita en una furgoneta con la que recogió a la menor para desplazarse a un restaurante de comida rápida de Oiartzun, en el que el procesado compró distintos alimentos "para llevar" hasta un descampado que conocía.
Tras comer en este lugar los productos adquiridos, el encausado convenció a la adolescente, con el pretexto de "escuchar música", para situarse ambos en la parte trasera del vehículo, circunstancia que él presuntamente aprovechó para "besarla en la boca" y practicarle distintos tocamientos.
Seguidamente, el hombre desnudó a la chica, al tiempo que también se desnudaba él y presuntamente la violó "sin emplear preservativo", a pesar de que la menor "le manifestó expresamente que no quería mantener relaciones sexuales".
Tras estos hechos, un juzgado de Donostia impuso al hombre la prohibición de aproximarse a su víctima y comunicarse con ella durante la instrucción de la causa penal en su contra.
La Fiscalía considera ahora que estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual con penetración por el que reclama que se imponga al procesado siete años de prisión y que se le impida acercarse a la chica y comunicarse con ella durante ocho años.
Asimismo, solicita que el hombre permanezca ocho años en situación de libertad vigilada y que sea inhabilitado durante quince para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores.
Finalmente, el Ministerio Público demanda que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena que eventualmente se le imponga, el inculpado sea expulsado del país con la prohibición de regresar durante seis años.
