donostia - El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación Mercantil de Gipuzkoa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que aprobó un convenio para la ampliación del centro comercial Garbera en 25.000 metros cuadrados más.

El gobierno municipal donostiarra, integrado por PNV-PSE aprobó el 16 de febrero de 2016 el convenio sobre Garbera que contemplaba, además, aumentar los aparcamientos en tres plantas y el pago al Ayuntamiento de casi 10 millones de euros, dos de ellos para adecuar los nuevos accesos.

Unos meses más tarde, el presidente de la Federación Mercantil, Iñaki Martínez, anunció la interposición de un recurso por considerar que la ampliación era “ilegal” y suponía “un urbanismo a la carta” para los intereses de los promotores. Martínez rechazó que los propietarios de los terrenos de Garbera, el consorcio Unibail Rodamco, hubiera firmado con el Consistorio “la obtención de una licencia urbanística” que les autorizaba “a construir el doble” a cambio “de una gratificación económica”.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechaza ahora las pretensiones de la Federación Mercantil ya que la “doctrina jurisprudencial que permite los convenios urbanísticos en el ámbito de las potestades administrativas es constante”. La resolución considera que el citado convenio “no condiciona la potestad de planeamiento” urbanístico del Consistorio y recuerda que está condicionado a la aprobación del Plan General para ello.

La sentencia dice que “en cuanto a la argumentación sobre la legalidad, transparencia y publicidad, cantidades comprometidas y concesión de licencias”, alegadas por la entidad recurrente, “nos encontramos ante una argumentación que se efectúa sin la puntualización y prueba necesaria para amparar la estimación del recurso por estos motivos”.

La sentencia también rechaza que no haya interés público, como señala la Federación Mercantil. Según el juzgado, este queda recogido en los “antecedentes” del convenio, donde se apunta la necesidad de “posicionar” a Donostia tras intervenciones comerciales en el resto del País Vasco. La sentencia, que puede ser recurrida, también obliga a la Federación Mercantil a pagar las costas. - Efe