donostia - Las empresas que conforman la UTE que está construyendo la estación de autobuses han reclamado al Consistorio 600.000 euros más de lo acordado. 300.000 euros corresponderían a los gastos de personal y financieros de los seis meses de parón que tuvo la obra antes de iniciar los trabajos y otros 300.000 a la modificación del proyecto para eliminar una de las tres plantas de parking previstas y a los gastos de redacción del nuevo plan de ejecución.
El nuevo concejal de Urbanismo Sostenible, el socialista Enrique Ramos, consideró que estos 600.000 euros supondrán un sobrecoste de la obra del que responsabilizó al Gobierno municipal anterior, en manos de Bildu, por haber retrasado el inicio de los trabajos para intentar lograr apoyos para ubicar la estación en Riberas de Loiola. No los consiguió y en mayo de 2013 decidió iniciar los trabajos previos para construir la estación en Atotxa.
“A los 14,6 millones iniciales” que aportará la Administración a la obra “hay que añadirles estos 600.000 euros irrecuperables, elevando el total a 15,2 millones”, afirmó Enrique Ramos. “Esta es la gran gestión de Bildu en el único gran proyecto que tuvo en sus manos la pasada legislatura y que queda como herencia para el nuevo Gobierno municipal”, añadió el concejal delegado de Urbanismo.
Ramos reconoció, de todos modos, que solo 300.000 de esos 600.000 euros son consecuencia de esos seis meses de parón, los que las empresas reclaman por gastos financieros y de salarios que no va a poder recuperar.
Los casi 300.000 euros restantes que reclama la UTE corresponderían a los gastos de redacción del nuevo proyecto de la estación, con dos plantas de parking en lugar de tres.
Respecto a la decisión de eliminar esa tercera planta de parking, el director de obras y proyectos, Alfonso Vázquez, recordó que la decisión se tomó en septiembre de 2013 a partir de informes técnicos del Consistorio que consideraban que suprimiendo la última planta se simplificaban los trabajos de excavación en roca, se reducía el coste y el tiempo de los trabajos y se ajustaban más a la demanda real de aparcamiento de los residentes de la zona, al reducir las 660 plazas previstas a 440.
Con la eliminación de una planta el presupuesto inicial de los trabajos, de casi 28 millones de euros, se reducía en 1,9 millones. El Consistorio (y la Diputación) aportaron en su momento 14,6 millones. Para recuperar la parte proporcional de la rebaja que les correspondería (algo más de un millón de euros), se acordó que el Ayuntamiento ingresará parte de los beneficios de la venta de 86 plazas de parking (cada una costará 22.000 euros) cuando esta se produzca. En su momento la oposición cuestionó esta fórmula, alegando que sigue habiendo plazas de parking sin vender en aparcamientos como el de Cervantes o la plaza Cataluña.
Así, si prospera la reclamación de las empresas, la Administración tendrá que aportar 15,2 millones a la obra en lugar de los 14,6 millones iniciales, aunque obtendrá parte de los ingresos de la venta de las plazas de parking como consecuencia de abaratar la obra al eliminar una planta.
