El Gobierno Vasco se desentiende del conflicto de las VPO de Benta Berri

Es decir, su tarea se limita a controlar las rentas y el cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto a la empresa arrendadora como a los vecinos, y no tienen intención de entrar en la pelea de los inquilinos, que reclaman el derecho a compra de las viviendas.

"Los contratos no aluden en momento alguno a la obligación de venta por parte de los actuales propietarios", afirman desde el Gobierno Vasco. El departamento de Vivienda recuerda que Benta Berri es una promoción concertada de VPO en la que la administración adjudicó a una empresa privada un derecho a 75 años sobre unos terrenos, para que la citada sociedad promoviera viviendas protegidas. Estas tenían que estar destinadas a arrendamiento durante un plazo mínimo de doce años, que acabará en diciembre de este año. Las VPO de Benta Berri, según afirma Lakua, mantendrán su calificación de protegidas durante un plazo total de 30 años.

"A fecha de hoy las viviendas continúan calificadas para uso en arrendamiento, sin que conste solicitud por parte de la empresa propietaria para modificar este destino", añade. "El Gobierno Vasco se compromete a ser riguroso en la exigencia del cumplimiento de la normativa de protección oficial y a comunicar a los vecinos cualquier cambio en las condiciones que pudiera afectarles", explican.

DOCE AÑOS DE CONFLICTO Las VPO de Benta Berri datan de 1998. Entonces se firmaron contratos de alquiler con vigencia de doce años, aunque los vecinos denuncian que en la publicidad de las citadas casas también se incluía opción a compra, punto que no figuraba en los contratos que rubricaron finalmente. Por ello, tras menos de un año en las VPO, fundaron la asociación vecinal Alokairu, organización que coordina las acciones de los vecinos en torno a esta reclamación.

Alokairu ha protagonizado diversos actos de protesta a lo largo de estos doce años, mediante los cuales buscaba la implicación del Gobierno Vasco en el problema. En la anterior legislatura, con Madrazo ocupando la consejería de Vivienda, los vecinos mantuvieron diversas conversaciones en las que el conflicto parecía a punto de desbloquearse, mediante la venta de las VPO a los vecinos como viviendas tasadas. "La ley sigue siendo la misma, por lo que si se pudo entonces, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo ahora?", señalan desde Alokairu, quienes piden a Lakua que se implique más en el conflicto.

Para los vecinos, la principal preocupación a día de hoy es saber qué ocurrirá en diciembre. Aunque Lakua afirme que no hay indicios de que la actual situación vaya a cambiar, los vecinos no están tan seguros de ello. "La empresa no tiene por qué renovarnos a todos, estarían en su derecho", alertan desde Alokairu. "El Gobierno Vasco no puede limpiarse las manos ante esto", denuncian.