El derecho y la utilidad de la huelga

La huelga general convocada para el 17 de marzo en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Foral de Navarra sumó ayer a una panoplia de organizaciones ideológicamente cercanas a los convocantes –los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde–. La reivindicación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio adaptado a las realidades económicas de ambos territorios soporta el ejercicio del derecho de huelga y también el carácter político de la convocatoria. Sin embargo, su deriva hacia un catálogo difuso de agravios sociales pone en entredicho su utilidad real y la voluntad del objetivo. Para empezar, un SMI equivalente enfrenta realidades dispares. La CAV registra un PIB per cápita superior a 36.000 euros, con un empleo industrial potente y costes vitales elevados, mientras Nafarroa orbita los 34.000 euros, con un modelo más diversificado y menor dependencia exportadora. Unificar esta demanda bajo una huelga única con el emblema común de los 1.500 € como SMI ya introduce tensiones, diluyendo la precisión necesaria para mesas negociadoras y convirtiendo en aleatorio, no sostenido por la realidad socioeconómica, el salario de referencia. Se han sumado mensajes genéricos que abarcan desde la denuncia del patriarcado hasta el racismo y las “actitudes fascistas”. Esta amalgama convierte la jornada en un cóctel reivindicativo sin foco claro, más próximo a una manifestación simbólica que a una estrategia efectiva para el diálogo social.

Paralizar servicios esenciales con denuncias abstractas no desbloqueará compromisos legislativos. Ni el Gobierno Vasco ni el de Navarra –con mayorías parlamentarias estables– son los destinatarios del mensaje y la dispersión, la amalgama de eslóganes ideológicos del manifiesto que lo envuelve, desvía tambíen el foco de las organizaciones empresariales. Es lícito preguntarse si los tejidos económicos de los territorios forales pueden permitirse desestabilizaciones gratuitas. Afectar a pymes, logística y sanidad por gesticulaciones ideológicas no garantiza los derechos de la mayoría trabajadora. La huelga es un derecho incuestionable, pero intentar paralizar un país con un cóctel de agravios genéricos, como si no existiese un marco legal de derechos y libertades, no es proporcionado ni responde a los intereses de la mayoría social.