El ataque de Estados Unidos al régimen de Maduro, exhibido por el presidente Donald Trump como un “éxito”, marca un punto de inflexión no solo para el país sudamericano, sino también para el orden internacional. Trump ha venido justificando una acción militar que, en la práctica, supone una violación de la soberanía de un Estado miembro de Naciones Unidas y ha respondido a la ilegitimidad del Gobierno bolivariano, mayoritariamente rechazado por las democracias, con otra ilegitimidad unilateral.
La intervención en Venezuela no puede desmarcarse de la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que para la región recupera el espíritu de la doctrina Monroe, es decir, la concepción de América Latina como área sometida a tutela. De hecho, una tutela directa de Washington es lo que anuncia el presidente estadounidense para Venezuela, tras descartar como alternativa públicamente a la líder de la oposición nacional, María Corina Machado –reciente premio Nobel de la Paz precisamente por su compromiso democrático–.
La Administración Trump ha ejecutado una operación que confirma su apuesta por el unilateralismo y el ejercicio de la coerción y la fuerza armada para la consecución de sus objetivos. La ilegitimidad del régimen bolivariano, denunciada por los observadores independientes de sus procesos electivos debió ser un problema de responsabilidad colectiva para la diplomacia internacional si esta mantiene los criterios del derecho. La comunidad internacional y las Naciones Unidas quedan relegadas a un papel reactivo e irrelevante.
En ese contexto surgen preguntas inevitables. ¿Supone el descabezamiento de la cúpula el fin del régimen bolivariano? La mera sugerencia de que pudiera existir una inmediata connivencia con los sucesores de Nicolás Maduro que pueda resolverse con un puro intercambio de mantenimiento de privilegios a cambio de recursos energéticos, es un abismo que produce un vértigo profundo. La oposición organizada –la interior y la exiliada– no tiene asegurado por Trump el papel que les corresponde en la hoja de ruta hacia la restauración democrática, un concepto que ni siquiera citó ayer.
Para la Unión Europea, el dilema es particularmente incómodo. Washington está empeñado en debilitar el proyecto europeo y éste es un precedente peligroso de violencia unilateral ajena al derecho ante otros actores con ambiciones imperiales, como Xi Jinping o Putin.