El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio paso ayer a la primera jornada del juicio oral que se sigue contra él en el Tribunal Supremo (TS), en una sesión en que se establecieron –o mejor, se reiteraron– los elementos de debate jurídico y los motivos de discrepancia entre los poderes del Estado en este asunto. El juicio que se sigue deberá decantar no solo la resolución del caso concreto, sino la doctrina que el TS quiere implantar al respecto del papel de la Fiscalía en su desempeño frente a un marco de desinformación, que es enemiga de la fiabilidad de los procedimientos a ojos de la ciudadanía. Una decisión del Tribunal en el sentido de interpretar, como pretende la defensa, que el caso solo ha llegado a este extremo por una praxis errónea del instructor, dejará heridas en la actuación del mismo y en cuanto a su capacidad de abstraerse a sus preconcepciones. No sería menor el impacto de una decisión en ese sentido en tanto implicaría que las estructuras del Poder Judicial han carecido o no han aplicado los mecanismos que eviten el desprestigio de la institución o la sospecha de alineamiento extrajudicial. Provocaría una grieta sangrante en su credibilidad que se sustancie la sospecha de un criterio arbitrario, como de hecho se ha instalado entre no pocos expertos juristas en el debate técnico sobre la aplicación del derecho en este caso. Pero, en sentido opuesto, el daño tambien será grave. El procesamiento del Fiscal General es un hecho sin precedente y la eventual condena del mismo hablaría igualmente de una actuación arbitraria por su parte, en esta ocasión por alinearse supuestamente con la voluntad del Poder Ejecutivo. El panorama es endiablado en cualquier caso, en tanto planteado en términos políticos. En el fondo, es el cuestionamiento de la interpretación de los indicios y del ejercicio de la función del instructor lo que ha dado calado al debate político por encima del esencialmente judicial. Consecuencia de ello ha sido la negativa a abandonar el cargo por parte del fiscal general, amparado por un relato de denuncia del acoso al Ejecutivo a través de su persona, que coloca al juez en una actitud igualmente política. El daño será profundo a las instituciones y esa es una constante demasiado repetida y protagonizada por quienes son instados a preservarlas.