Nicolás Sarkozy ingresó ayer en prisión tras hacerse firme la condena a cinco años por financiación ilegal de la campaña que le llevó a la presidencia francesa. El procedimiento está rodeado de polémica y de los consiguientes debates que, en los términos en los que se despliegan, no aminoran el daño reputacional que la democracia padece por las polémicas y la percepción que recibe la opinión pública. Entre los citados debates, el propio procedimiento judicial francés, que, una vez presentado recurso al encarcelamiento que se materalizó ayer, devuelve al expresidente la condición de presunto inocente. Esto conlleva la contradicción de mantener en prisión a quien procedimientalmente es de nuevo inocente. Difícil de explicar a la ciudadanía. Se suma el pulso político que acompaña a la interpretación de la sentencia, un extremo que en entornos más cercanos conocemos bien porque también se reproduce a diario, con juicios paralelos y construcción de relato anticipada o directamente en oposición al establecimiento de la verdad judicial. En ese sentido, la denuncia de juicio político se aferra al hecho de que el propio tribunal no ha considerado plenamente acreditado que Sarkozy fuera el beneficiario de la supuesta financiación irregular de la que se le acusa, que se basaría en testimonios, pero no en pruebas de cargo irrefutables.
Al interés político del debate, que puede confundir a la opinión pública, favorece también el respaldo del presidente Macron y el ministro de Justicia francés, mediante encuentros recientes y anunciados para el futuro inmediato con el condenado. Una imagen que retrotrae al acompañamiento que la cúpula del PSOE realizó a Barrionuevo y Vera en su ingreso en prisión tras ser condenados por el caso GAL. Es dolorosa la proyección de un relato en el que la Justicia aparezca condicionada por la política en favor o en contra del reo. Para evitarlo, la intervención pulcra del Poder Judicial debe llegar a la resolución fehaciente de los casos, del modo más indubitable posible, o abstenerse de rellenar los espacios opacos. Igualmente es factor de deterioro de la imagen de la democracia que líderes políticos soslayen la sanción social que merece un delito con una contestación interesada a las decisiones de los tribunales. Lamentablemente, parece que estamos lejos de superar ambos lastres.