El Gobierno español aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que tramitará el Congreso y está destinada a sustituir a una norma predemocrática con las carencias propias del tiempo de dictadura en el que fue concebida. El concepto de seguridad nacional prima por encima de otras consideraciones del derecho y durante décadas ha sido el mecanismo de autoprotección de los aparatos del Estado para salvaguardar sus márgenes de actuación. Para llegar a este punto ha hecho falta un seguimiento constante, una iniciativa tras otra –hasta cuatro proposiciones de ley instadas durante la última década– del Grupo Vasco del PNV. La iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez es, de hecho, la respuesta a un compromiso exigido por los jeltzales, cuya perseverancia ha sido mayor que la indolencia del resto de fuerzas, incluyendo las que, estando en gobiernos anteriores, como Unidas Podemos, limitaron su acción política a la mera apelación. La dilatada cobertura temporal de los documentos clasificados en manos del Estado es el principal factor de oscurantismo en una norma que tradicionalmente ha dejado en manos de la conveniencia de los Gobiernos la decisión de abrir a la ciudadanía la información. Esto ha supuesto que la ciudadanía pierda la opción de buscar el amparo de la Justicia en defensa de sus derechos. La eventualidad de que la nueva norma reproduzca esta carencia no está garantizada. Un horizonte de 60 o de 45 años de clasificación de la información apelando al interés nacional y la seguridad se convierte sistemáticamente en un mecanismo de impunidad que imposibilita el acceso a la verdad y al resarcimiento cuando los derechos son sometidos al supuesto valor superior de la “razón de Estado”. En el pasado, esto ha ocurrido y es preciso que se garantice que no se reproduzca el riesgo en el futuro. Las propuestas sucesivas del PNV –ninguna otra fuerza ha acometido hasta la fecha iniciativa legislativa concreta, aunque tendrán ocasión ahora de incorporar en trámite parlamentario sus aportaciones– reclaman un recorte significativo del período de clasificación de la información de secretos e información reservada. Y también el refuerzo de la accesibilidad a la tutela judicial efectiva que impida negar sistemáticamente información por la citada “razón de Estado”.