La Comisión de la Eurocámara animada por el Partido Popular Europeo, que ha visitado el Estado en las últimas fechas para analizar la trasposición de la norma europea de homogeneización del sistema de elección al Parlamento Europeo, ha finalizado su visita con las conclusiones previstas por sus promotores. La voluntad de exigir que las elecciones a la Cámara de Estrasburgo limiten el acceso a los partidos minoritarios mediante un umbral mínimo de voto exigible en circunscripción única es solo la pretensión de maximizar la representatividad de las fuerzas de ámbito estatal. De ese objetivo se desmarca en estos momentos el PSOE merced a su acuerdo con sus socios de investidura que son líderes electorales en Euskadi y Catalunya y que con esta norma verían casi imposible obtener voz en las instituciones europeas. La directiva europea es suficientemente abierta para evitar minorizar las realidades subestatales, cuya participación ya está limitada a través de un órgano meramente consultivo como es el Comité de las Regiones. El argumento de la circunscripción única resulta de una decisión política completamente aleatoria. Aunque la inmensa mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea la aplican –23 de 27– solo la mitad –14 de ellos– aplican un umbral mínimo de voto y lo hacen con un baremos igualmente aleatorio que va desde el 1,8% al 5% según conveniencia interna. En definitiva, no es un ejercicio de racionalidad sino de mera homogeneización. El presidente de la comisión de la Eurocámara, el alemán Sven Simon, debería manejarse con la debida prudencia y no supeditar a la conveniencia de quienes la promueven –PP y Vox– los criterios jurídicos garantistas. De hecho, el propio Tribunal Constitucional alemán rechazó la aplicación de un umbral mínimo de voto en las elecciones europeas de su país por considerar que vulneraría la igualdad de voto y el derecho de los partidos a la representación. Laminar las voces minoritarias en un marco territorial cada vez más amplio va en perjuicio de la diversidad y la calidad democrática. En tanto la directiva europea no obliga a la circunscripción única, la solución es bien sencilla: constituyendo circunscripciones autonómicas se respondería, además, a la naturaleza descentralizada del Estado y se evitan relatos recentralizadores.