Son ya 49 años desde aquel 3 de marzo de 1976 en el que la brutalidad homicida de las fuerzas represivas del franquismo causaran la muerte de cinco jóvenes –de entre 17 y 32 años– y cerca de un centenar de heridos entre los trabajadores reunidos en asamblea en la parroquia de San Francisco de Asís del barrio gasteiztarra de Zaramaga. Casi medio siglo sin que la justicia y la reparación para las víctimas hayan dado fruto, sometiendo los hechos al riesgo creciente de negarles también la verdad. El consenso social en Euskadi sobre lo ocurrido en esa matanza sigue sin trascender debidamente los límites del territorio, como acredita el hecho de que, todavía la pasada semana, el PNV haya tenido que reiterar, esta vez mediante una moción en el Senado, la exigencia de reconocimiento y reparación de las víctimas de aquel homicidio múltiple, en igualdad de condiciones que otras muchas causadas por grupos violentos no vinculados al régimen. En plena ola de revisionismo histórico, con iniciativas políticas en múltiples instituciones autonómicas y municipales del Estado tendentes a anular y enterrar las leyes de memoria, que ya se aprobaron con sangrante retraso, el recuerdo y actualización de lo ssucesos del 3-M en Gasteiz sigue siendo imprescindible. Un recuerdo reivindicativo, como lo era la movilización reprimida y elevada a la categoría de advertencia mediante el uso criminal de armas de fuego contra la multitud desarmada. Pero también un recuerdo de consenso, que alimente la cohesión en torno a los principios democráticos, los derechos y libertades inalienables que deben preservarse por encima de conveniencias y de ideologías. Si el 3-M es un símbolo de adhesión colectiva frente a la represión – y debe serlo– lo es trascendiendo discursos de clase y división; lo es preservando su memoria de la amenaza del olvido y señalando el carácter antidemocrático de esa violencia. Para ello también será preciso no frivolizar con las circunstancias de entonces ni las de ahora. El 3-M como símbolo trasciende la política partidista. Tanto en el alineamiento público como en el desmarque. La verdad exigida es propiedad colectiva de toda la ciudadanía de Gasteiz y de Euskalherria, no herramienta de nadie. Y, en primer lugar, de las víctimas que esperan aún la justicia y reparación que se les debe.