Existe un amplísimo consenso en la necesidad de que las medidas sociales contenidas en el denominado ‘decreto ómnibus’ sean rescatadas cuanto antes. Ni siquiera PP y Junts, que se opusieron a su aprobación, quieren asumir el coste político ante los colectivos que debieran verse beneficiados de ellas. Los argumentos que utilizaron para tumbarlo se rebelan como una mera estrategia de presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Éste debió ser consciente de ello y buscar los medios para evitar el bloqueo con un diálogo previo y la restauración de las confianzas mutuas. Vuelve, de hecho, a tener que afrontar ese reto, simplemente trasladado a una próxima estación, lo que empieza a resultar exasperante. Los relatos políticos de parte son el principal enemigo del consenso mínimo necesario. En base a ellos se aboga por la presentación de otro decreto ómnibus con las mismas características del anterior que requiere variables para llevar a un resultado diferente. La primera de todas es la de recomponer la mayoría de la investidura y eso pasa por Junts. Para ello, el precio es elevado, pero sobre todo simbólico. La agenda de s pasa por reforzarse escenificando bilateralidad con el presidente español. Una cuestión ajena al contenido de la norma en cuestión pero que condiciona radicalmente sus posibilidades de éxito. El dilema para Sánchez es de qué modo puede satisfacer esa demanda de Junts hasta conseguir su respaldo sin pasar por una moción de confianza. La velocidad de cumplimiento de los acuerdos que alcanzó en su día no es la adecuada –financiación y reconocimiento de Catalunya– pero tampoco depende exclusivamente de la voluntad de Sánchez. El otro escenario es obtener la adhesión del PP, igualmente condicionado por su propio relato político. Feijóo ya ha advertido que solo troceando el decreto admitirá respaldalo, pero esto no es del todo cierto. El PP ha jugado a la ideología para excusarse, identificando la protección de las personas vulnerables con la okupación de viviendas, faltando a la realidad. Esta medida social no le cabe a la derecha en un decreto de medidas sociales y es difícilmente asumible para Sánchez sacarla de ahí. El resultado es que personas pensionistas, vulnerables, trabajadoras y damnificadas, entre otros colectivos, son rehenes de un tacticismo interesado.
