La cohesión sindical es un activo positivo en las relaciones laborales en tanto confiere coherencia a las demandas laborales, permite establecer bases de negociación estables y una interlocución más eficaz, sin divergencias internas, en el diálogo social con las asociaciones empresariales. En ese contexto, la unidad de acción mostrado por los principales sindicatos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y, en menor medida por la ausencia de UGT y CC.OO., en la Foral de Navarra es un escenario en el que convendría profundizar. También la posibilidad de establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) específico en estas comunidades es un elemento que merece buscar puntos de encuentro entre los agentes sociales. Por eso mismo, convendrá no perder la perspectiva, no sustituir el posibilismo por posturas ideológicas o politizadas. En primer lugar, conviene diferenciar lo que son las peticiones coincidentes de ELA, LAB, CC.OO. y UGT al Consejo de Relaciones Laborales de la CAPV, de la iniciativa legislativa popular que encabezan los sindicatos nacionalistas ante los parlamentos de Gasteiz e Iruñea. La primera orienta correctamente las posibilidades reales de avance en una medida de esa naturaleza al situar su eje en el diálogo social con las organizaciones empresariales. Un foro de negociación que no ha contado hasta la fecha con la presencia de todos los sindicatos, y que por ello ha visto su efectividad mermada por el alcance limitado de muchos de sus acuerdos. Si se abre una etapa de reactivación del diálogo con plena participación, el alcance de esos acuerdos será más efectivo que cualquier estrategia de conflicto y desapego a la unidad de acción. Por otro lado, las iniciativas presentadas ante los parlamentos aparecen condenadas al fracaso en tanto apelan a una competencia legislativa de la que estos carecen. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, que consagra el SMI a una referencia única en el conjunto del Estado, fijada por decreto del Gobierno del mismo, no es posible de manera unilateral desde una autonomía, por muchas competencias y autogobierno de los que disponga. En ese sentido, no pasa de ser una escenificación de naturaleza política pero sin posibilidad legal. Una distracción que conlleva el riesgo de contaminar cualquier otra vía de consenso.
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