La judicialización de la política y la otra cara de la misma moneda, la politización de la justicia, son un mal endémico que deteriora el sistema y la convivencia democráticos. Acabar con estas nefastas prácticas que suponen un importante deterioro para la credibilidad tanto de la política como de la justicia debería ser una prioridad inexcusable para los partidos y las instituciones. La presentación por parte del PSOE de una proposición de ley “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, mediante la que se acotaría el ejercicio de la acusación popular, no parece, ni en fondo ni en forma, que vaya en el sentido de regenerar y fortalecer el funcionamiento democrático. La futura ley impediría a partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos ejercer la acusación popular, una práctica común y habitual en el Estado español, en general contra las formaciones rivales, o la admisión a trámite de denuncias basadas únicamente en informaciones periodísticas sin más base. La iniciativa del PSOE nace viciada por varios motivos. En primer lugar, porque surge en un momento en el que el partido del gobierno, con su presidente, Pedro Sánchez, al frente, se encuentra en el ojo del huracán de denuncias de presuntos casos de corrupción en su entorno que están siendo impulsados desde la acusación popular, lo que levanta las lógicas sospechas sobre la finalidad real de una ley que frenaría las investigaciones de estas causas, ya que la norma especifica en una disposición transitoria que será “de aplicación a los procesos en curso”. Asimismo, la propuesta socialista no ha sido consensuada con ningún otra fuerza. La acción popular en procesos judiciales es una práctica peculiar, inexistente en toda la Unión Europea salvo en el Estado español, donde está consagrada en la Constitución por motivos históricos. Su ejercicio ha impulsado procesos como el de los GAL o Gürtel pero también ha sido utilizado por los partidos para atacar a sus rivales y por grupos ultras como Manos Limpias o Hazte Oír. El ejemplo del caso Atutxa fue especialmente sangrante. Las limitaciones a esta figura son, por ello, necesarias pero deben abordarse con cautela, con amplio consenso y en un momento más propicio, alejado de la lucha partidista y de la sombra de la búsqueda de impunidad.
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