Mensajes que merecen ser objeto de reflexión con motivo del Día de la Infancia. Especialmente significativo resulta el de Unicef en su reflexión y advertencia sobre el impacto que el cambio climático tiene en millones de menores de todo el globo y en cómo la ausencia de políticas orientadas a paliar o reconducir los efectos del clima condicionará su futuro más aún de lo que hace en su presente. La reflexión es oportuna en tanto la percepción del papel de las administraciones en las políticas de infancia puede quedar circunscrita a gestionar las circunstancias de su presente inmediato. Del hoy de nuestros niños y niñas. No cabe duda de que los retos en materia de seguridad, de libertad y de derechos básicos no pueden esperar a estrategias de largo plazo. Es preciso ser paliativo y directo en las situaciones de debilidad de un colectivo débil por definición en tanto carente de mecanismos de defensa autónoma ante los estímulos y las realidades que afectan a su capacidad de desarrollarse, de educarse en sociedad y de formarse en capacidades para su autosuficiencia. Precisará de una salud y un espacio de seguridad que garanticen su pleno crecimiento y acceso a oportunidades.
En este marco de reflexión, junto a la citada advertencia de Unicef y los votos colectivos por una protección de los derechos de la infancia, atrae la atención la reflexión de la fiscal superior, en este caso del País Vasco pero cuyo fondo tiene un alcance general, sobre la necesidad de disponer de unidades policiales específicas para el tratamiento de los delitos cometidos por y contra menores. Una aproximación de presente sustanciada por el incremento de actos delictivos en los que participan, como víctimas o victimarios, menores pero sobre los que no cabe –por debajo de los 14 años– una gestión punitiva de adulto. Con ser un hecho constatable, el perfil descriptivo de los usos y riesgos que la propia fiscal apuntaba –desde la sexualización de la imagen a la de las conductas, así como al consumo de productos en soporte digital sin control y acceso a redes sociales en entornos educativos– no son espacios de intervención policial y difícilmente judicial, sino del ámbito de responsabilidad social colectiva y de los entornos familiares, cuya función no cabe sustituir por las administraciones. La represión del exceso, con ser precisa, no es una fórmula para crear los entornos que lo eviten.
