Entre el ruido interesado sobre el impacto socioeconómico de las medidas contra el cambio climático se ha abierto paso en Euskadi una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que permite enfocar los ejes ciertos del debate y desarrollar los parámetros sobre los que construir una respuesta eficiente, sostenible y equilibrada. La norma adquiere valor tanto en sus contenidos como en el modo en que proyectan a la periferia los argumentos de quienes se aproximan al problema con criterios dogmáticos, ideológicos y en demasiadas ocasiones ajenos a los hechos y sus implicaciones. La Ley aprobada ayer identifica y establece las bases de la acción imprescindible en materia de sostenibilidad energética y protección del medioambiente. Alejarse de ambos retos no concurre en beneficio del sector primario, como pretenden los discursos recién acuñados por la derecha representada por PP, Vox y Ciudadanos, que rechazan políticas de protección ambiental. Tampoco en la viabilidad energética y la menor dependencia del exterior, no contempladas por la postura de Elkarrekin Podemos y, hasta hace bien poco, EH Bildu. Es de congratularse el cambio de criterio de la coalición, que ahora deberá trasladar a sus ámbitos locales para dejar de liderar el rechazo a los proyectos renovables. Las dudas y preocupaciones son naturales pero deben encararse con hechos y datos. No se amenaza la disponibilidad de suelo agrario en tanto el total de proyectos energéticos contemplados no alcanza siquiera el 4% del suelo total disponible. Tampoco existe una aleatoriedad a la hora de su instalación, puesto que el sol y el viento como fuente de energía deben buscarse donde existen, no donde no molesten las plantas eólicas o solares. Igualmente, la agricultura familiar debería verse favorecida por las fórmulas de fomento y el apoyo a las explotaciones ecológicas, que contempla la ley. Si no se es capaz de sentar las bases de un consenso mínimo objetivo, todo el debate político será estéril e interesado. Objetiva es la necesidad de contener el impacto ambiental de nuestra actividad y objetiva es la relación directa entre la disponibilidad de energía y el nivel de bienestar. En demasiadas ocasiones se prima un aspecto sobre otro por interés económico o político sin encarar mecanismos para casar ambos factores. Esta ley lo hace.