Era sabido que la nueva legislatura de Pedro Sánchez conlleva mayor dependencia de apoyos externos. Esto obliga a su Gobierno a ser más diligente que en la anterior con sus compromisos. Esa carencia la acredita el hecho de que, ayer mismo, se reiniciara un ciclo de negociación de transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) pese a que la hoja de ruta de su identificación e implementación data del compromiso original del propio Sánchez con el PNV cuatro años atrás. De esa mayor implicación dan cuenta las decisiones del Consejo de Ministros de ayer, entre las que se da satisfacción a varias exigencias jeltzales. Ahí se enmarca la habilitación legal de la desanexión de municipios a partir de los 4.000 habitantes. Esto permitirá, por ejemplo, materializar la voluntad de los vecinos de Usansolo de segregarse de Galdakao, –que fue rechazada en junio pasado por el propio Gobierno de Sánchez–. La presión negociadora del PNV se materializa también en otro asunto de mayor alcance: la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos. Fue la causa principal del rechazo de los diputados jeltzales a la reforma laboral aprobada por las fuerzas de izquierda bajo auspicio del ministerio de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los convenios de ámbito estatal han venido siendo tradicionalmente menos amables en condiciones laborales y salariales que los de ámbito autonómico vasco y la reforma del mercado laboral del PP supuso supeditar estos al marco estatal. Ha sido una reivindicación principal del PNV dentro de su concepto amplio del marco vasco de relaciones laborales. EH Bildu, en cambio, cedió sus votos a una revisión normativa que no lo contemplaba, pese a que agita reiteradamente un discurso de clase. El PNV ganaba ayer un pulso en defensa de los derechos de los trabajadores vascos mientras sindicatos que aspiran a representarles movilizaban con menor éxito al sector público con demandas salariales que están fuera del marco de decisión de las instituciones vascas, lo que revela el sentido político de la huelga. Las medidas del gabinete Sánchez van por el camino correcto para poner las bases de una recuperación de la confianza en que los intereses de la ciudadanía vasca va a tener un lugar en la agenda del Estado introducidos por el PNV, hasta la fecha en solitario.
