Osakidetza es uno de los argumentos del desgaste del Gobierno Vasco por parte de la oposición. La sesión de ayer en el Parlamento de Gasteiz volvió a ponerlo en evidencia y la legítima labor de control se ve ensuciada por la repetición de una serie de latiguillos, de sentencias repetidas que no buscan tanto conocer y mejorar la gestión de la sanidad pública vasca como alimentar una sensación de desamparo, de malestar en la opinión pública que pueda utilizarse como herramienta electoral. La sanidad está sometida a tensiones objetivas por razón de curva demográfica y limitación de profesionales disponibles. Es una realidad que hay que afrontar con el mejor desempeño de gestión posible. Pero los ejes de la oposición son el mantra de la privatización y el de los recortes, que se sostienen de espaldas a los datos reales para simplificar el discurso de inflación de lo público obviando los costes presentes y futuros que tiene que soportar la ciudadanía. La pretendida privatización y desmantelamiento de servicios públicos trasladándolos mediante concertación al sector privado la desmienten los datos. El presupuesto vasco de sanidad –el que más gasto dedica por habitante en el Estado– dedica un 6% a conciertos con el sector privado; la media en el Estado es del 8,76% y autonomías como la catalana, gobernada por la izquierda soberanista, supera el 23%. No existe, por tanto, el desvío de recursos hacia el ámbito privado ni el debilitamiento del gasto público que denuncian con insistencia y sin un solo dato tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos. Ayer mismo, la oposición política, alineada con la sindical, volvía a argumentar, que faltan profesionales en el servicio público porque no se les seduce con buenas condiciones laborales y reclamaba un esfuerzo al Gobierno, que es un esfuerzo del conjunto de la ciudadanía que sostiene los ingresos públicos. Sin embargo, se obvia, se desconoce o se oculta a la opinión pública que Osakidetza ofrece los salarios más altos del Estado para los médicos de familia y que, dedicando a la salud el mayor gasto por ciudadano, el 54% de ese gasto va a pagar los sueldos de los profesionales; también el porcentaje más alto del Estado, donde la media no llega al 46% de los recursos. Sin más propuesta alternativa que elevar el gasto público endeudando a los ciudadanos, los ejes de este debate lo alejan de las soluciones.