La entrada del euskera, el catalán y el gallego en la actividad del Congreso de los Diputados y la visibilidad proyectada por el mismo debate en el marco de la Unión Europea está haciendo aflorar el tradicional desprecio de la cultura dominante y su utilización política. Quien está construyendo un discurso politizador en torno a la reivindicación de una presencia estable en equilibrio con el castellano son quienes, desde el nacionalismo español, han venido despreciando, cuando no reprobando y combatiendo, la normalización del euskera, el catalán o el gallego. Hay una lamentable pretensión de asentar en la opinión pública española la convicción de que dar visibilidad a estas lenguas es una concesión política, cuando es un mandato democrático. Los derechos lingüísticos están reconocidos en la legislación interna e internacional, declarados por la UNESCO y protegidos por la Unión Europea y las Naciones Unidas. La pretensión de que todo ese compromiso se quede en agua de borrajas y reducido a anécdota –”hacer el canelo” se permitió decir un desafortunado Borja Semper ayer mismo– se camufla en un pretendido interés practicista: hablar en la “lengua común” por razón de costes. El interés es claramente otro. Toda la visibilidad de la diversidad sociocultural va en contra del discurso de uniformidad de estado-nación porque evidencia que su justificación histórica centralizadora no responde a la realidad. Bajo la alusión a limitaciones prácticas persiste, por tanto, la utilización de la lengua como elemento de homogeneización política. No hace tanto que la UNESCO identificaba el euskera como lengua en peligro y, en tanto la UE ha señalado a este organismo como eje de su políticita de protección del multilingüísmo, como valor de cohesión europea, sería oportuno que los estados fueran consecuentes. El debate peca del mismo problema en el marco europeo cuando se alude a que incorporar al euskera, catalán o gallego puede abrir la puerta a otras 60 lenguas europeas minorizadas. Lo resolvió la ONU admitiendo el derecho de sus 194 miembros a expresarse en su lengua ante la Asamblea con la única condición de aportar su traducción a una de las seis lenguas oficiales. La racanería en el reconocimiento de la pluralidad social, cultural y política es de quien disfruta de posición de dominio y pretende la invisibilidad de otras realidades.