El margen que tienen los tres idiomas cooficiales del Estado para mejorar su consideración en la Unión Europea y en España se ha convertido en la ventana de oportunidad para el encuentro del PSOE con los partidos independentistas de Catalunya, amarrar la presidencia del Congreso de los Diputados y seguir negociando la investidura de Pedro Sánchez. El pacto lingüístico alcanzado con Junts y ERC, al que indirectamente se suman las fuerzas abertzales, permitirá que el euskera, el catalán y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en las instituciones comunitarias. Además, los socialistas se han comprometido a promover una ley orgánica que implique que el conjunto de la administración del Estado sea garante del derecho que tienen los ciudadanos a usar estas tres lenguas y, específicamente, ante la admnistración de Justicia. En paralelo, se acabará con la prohibición que de facto impera para su utilización en el Congreso de los Diputados. En definitiva, se trata de un reconocimiento político que llega casi cincuenta años despues de la aprobación de la Constitución española y, como casi siempre, con el agua al cuello de la necesidad, en este caso, del PSOE con el fin de amarrar los apoyos necesarios para lograr la presidencia del gobierno. Ahora, hay que esperar para comprobar cómo se materializan estos compromiso que otorgan una nueva categoría a estas tres lenguas más allá de sus territorios naturales. No deberían existir obstáculos pese a la obstinación que con toda seguridad aflorará en sectores unionistas con capacidad de sabotear el espíritu de estos objetivos. En cualquier caso, conviene situar el acuerdo en su auténtica dimensión, más simbólica que práctica sobre la salud de las lenguas cooficiales allá donde se juegan su presente y su futuro. Porque resulta paradójico que los que ahora se envuelven en la bandera del plurilingüismo del Estado con el objetivo de atraer los votos que les faltan sean los mismos que niegan derechos lingüísticos a ciudadanos que viven en algunas zonas de Navarra. Y resulta contradictorio que la Unión Europea otorgue oficialidad al euskera mientras en una parte de su geografía, lease Iparralde, se las ve y se las desea para sobrevivir. O la capacidad de la ofensiva de la Justicia española para aguar las medidas mayoritariamente aprobadas con el objetivo de avanzar en el proceso de euskaldunización.
