Con la vista puesta en el marco político que permita la gobernabilidad en el Estado, la experiencia de la configuración institucional en municipios y autonomías deja un marco de diálogo claro. Por un lado, ha quedado acreditado que el Partido Popular no ha iniciado su tránsito hacia el centro tendiendo puentes hacia las sensibilidades territoriales. Su apuesta es gobernar sobre toda consideración y hacerlo a costa de escorarse hacia la extrema derecha junto a Vox. La escenografía variada que ha elegido proyectar –connivencia en Valencia, marcha atrás en Extremadura o acuerdo sin foto en Aragón, pero siempre con la ultraderecha– refuerza que el PP no va a encarar el reconocimiento sociopolítico y cultural de las nacionalidades históricas que describe la Constitución y sustenta su poder en compañía de la ultraderecha. En el otro lado, las fuerzas progresistas de ámbito estatal tienen una complicada digestión de este mismo asunto por el temor a que apoyarse en las realidades de mayoría soberanista en Euskadi y Catalunya le cueste respaldo social en el resto del Estado. El PSOE está pagando ahora el precio de la falta de pedagogía durante décadas, cuando el modelo bipartidista le permitió afianzar –a costa de no desmentir e incluso alimentar el mismo discurso de los privilegios territoriales– cuotas de poder que ahora está perdiendo. La división en el espectro que se reivindica progresista vuelve a arrastrar el viejo pecado de la atomización de la izquierda, que pugna aún por liberarse del dogmatismo y ha caído en el error del personalismo a la hora de componer proyectos en torno a liderazgos más que de programas. Pero el marco del diálogo es claro y los partidos de ámbito estatal tienen que identificar el coste de no admitir su necesidad de acuerdos con las mayorías soberanistas. No ha bastado el temor a la pérdida de derechos y libertades para contener el populismo de derecha. Hay un modelo de bienestar, de derechos y de desarrollo sostenible en riesgo y en él se deben encontrar todas las fuerzas alternativas, desde Sumar al PNV, del PSOE a ERC, de EH Bildu a Junts. La amenaza es tan real que el progresismo no se mide sólo en términos de avance social sino de preservación de lo avanzado. Y, ahí, el aliado más leal es quien ya tiene la experiencia de autogobierno y sabe qué hay en juego.
