El incipiente debate sobre la jornada laboral de cuatro días lanzado en Euskadi la semana pasada por el PSE a través de la vicelehendakari, Idoia Mendia, perdió ayer fuerza con una advertencia desde el propio Gobierno Vasco. Tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, pidieron que la medida nazca en todo caso de un acuerdo entre agentes sociales y que no suponga que las empresas pierden competitividad. Mensaje entre líneas: si los empresarios no lo ven muy claro, no se dará el paso. Y a tenor de la primera reacción de Confebask la iniciativa tiene un recorrido muy limitado.
De modo que la experiencia piloto que quiere poner en marcha el próximo año Idoia Mendia para evaluar la puesta en marcha de cuatro días laborales a la semana sin reducción de salario y sin incremento de horas pierde impulso en el Ejecutivo vasco. Lo cierto es que la iniciativa tiene las líneas rojas de la negociación en el marco del diálogo social y del autogobierno. Euskadi no puede legislar en la materia, si bien tiene capacidad de propiciar acuerdos generales entre sindicatos y empresarios.
“Lo queremos hacer con mucho tiento y tomando como referencia las experiencias internacionales”, explicó Iñigo Urkullu ayer durante su visita a la cooperativa energética Ekiola, en la localidad alavesa de Maeztu. Añadió que además se debe tener en cuenta la diversidad de los sectores económicos. La clave estaría, a su juicio, en que sea una iniciativa con carácter voluntario y desde el acuerdo previo entre empresarios y trabajadores. “No se trata de imponer nada, sino de experimentar lo que en otros lugares se haya podido hacer si es voluntad de las empresas y de los trabajadores”, resumió.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, recordó en Radio Euskadi que Mendia ha planteado la cuestión en el ámbito de sus competencias. Así, apostó por encarar este tipo de planteamientos “con mucha reflexión y consenso”. A su juicio, solo es posible avanzar hacia una semana laboral de cuatro días “si la productividad lo permite”. “A todos nos gustaría trabajar menos e incluso cobrar más. Pero ¿es posible? Lo será si el avance de la productividad lo permite”, añadió.
Además, hay más obstáculos para la implantación de una jornada laboral de cuatro días. Según advirtió Azpiazu, la “heterogeneidad” de las empresas y sus diferentes características provocan que generalizar sea “muy complicado”. “Hay que hacerlo con consenso, con mucho cuidado y si la productividad lo permite. Si no lo permite, llegamos a un problema de competitividad grave para el país y la economía”, expresó.
¿Cuál es el objetivo entonces de la propuesta de la vicelehendakari socialista? Azpiazu reconoció que no sabe “cuál ha sido la intención” de la consejera Mendia al plantear esta cuestión y “si ha sido electoralista o no”, aunque “puede sonarlo”.
Lo cierto es que el planteamiento de la vicelehendakari socialista no es nuevo. El Gobierno central ha planteado también una experiencia piloto respaldada con dinero público. Las pymes con menos de 250 trabajadores y que no superen los 50 millones de euros que participen en el programa recibirán un máximo de 200.000 euros. Las compañías participantes deberán reducir un mínimo del 10% la jornada laboral semanal de sus plantillas sin bajar el salario de sus empleados.
No se trata de restar un día laboral, sino de afinar el conjunto de la jornada en función de los ritmos de la actividad productiva, para lo que tendrán que alcanzar un acuerdo previo con el comité de empresa, sin que la iniciativa afecte a todo el personal.
Semana de 4 jornadas
Incentivos. La propuesta de la vicelehendakari, Idoia Mendia, en torno a la semana laboral de cuatro días ya cuenta con una iniciativa pionera en el Estado. El Gobierno central ha puesto en marcha un programa de incentivos, con ayuda máxima por empresa de 200.000 euros hasta agotar un presupuesto total de 10 millones, para evaluar la posibilidad de reducir un 10% el tiempo de trabajo con el mismo sueldo.
Experiencia piloto. Tras dos años de experiencia, las compañías adscritas al plan evaluarán, en función de su productividad, si les compensa reducir la jornada.
Pacto entre agentes sociales. Será en todo caso fruto de la negociación colectiva y habrá sectores en los que la medida se pueda aplicar sin merma de la competitividad de la empresa y otros en los que no tenga recorrido. Servirá de termómetro para la aplicación en la CAV.
