El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, considera que “hace falta un cambio cultural en España” para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años.

En una entrevista al diario Ara asegura: “En estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más. Y España es una anomalía europea: no solamente no seguimos esta tendencia sino que reducimos la proporción de mayores de 55 años en activo”.

Preguntado por si el sistema de pensiones es sostenible, responde que sí y asegura que conseguir que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal es “el mecanismo más potente” para su sostenibilidad, por lo que el objetivo del Gobierno es que los desincentivos para la jubilación anticipada sean más efectivos.

Asegura que el Ejecutivo central tiene el reto de reducir el déficit público estructural y argumenta que en España no hacen falta nuevos impuestos sino “evaluar” las exoneraciones y beneficios fiscales para ver si cumplen su función.

Afirma que la ocupación juvenil no sustituye la sénior y aboga por “generar dinámicas dentro de las empresas para que personas de cierta edad vayan cambiando su actividad, las horas de trabajo, de dedicación...”.

Para Escrivá, hay que promocionar mecanismos de migración regular y ordenada, en sus palabras, que respondan a las necesidades del mercado laboral, y lamentado que el modelo actual genera “bolsas de inmigración irregular muy extendidas en el tiempo”.

RECTIFICACIÓN Horas después de estas declaraciones, el ministro se ha mostrado sorprendido del impacto de sus palabras, que ha terminado matizando: "España tiene una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar".

Apuesta por la formación para los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y sostiene que “si algo hace falta en España son los mecanismos de formación dual y dentro de las empresas”.

Escrivá afirma que el grueso de autónomos que estaban “protegidos” por el paro extraordinario pasarán a recibir ayudas en formas de exoneraciones para que mantengan su actividad y, por otra parte, aboga por penalizar el abuso de contratos de muy corta duración.

Señala que el Gobierno ha concedido 350.000 solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) -28.000 de las cuales en Catalunya-, pero lamenta que muchas personas que el Gobierno había identificado como potenciales beneficiarios no han pedido la ayuda, por lo que están diseñando una encuesta para dirigirse a ellos.