Olano asegura que la “estabilidad vale oro” y se ha logrado un “acuerdo digno para Gipuzkoa”

Olano compareció ayer por la mañana junto al diputado de Hacienda, Jokin Perona, en la Comisión Permanente de las Juntas Generales de Gipuzkoa para explicar a los grupos políticos representados en la Cámara territorial los pormenores de este “importante acuerdo”. En su opinión, con esta nueva ley se limarán las “tensiones técnicas y políticas entre diputaciones” en relación a la financiación de las instituciones públicas vascas.

El acuerdo, según deslizó el diputado general, recoge las reivindicaciones de Gipuzkoa y Araba frente a Bizkaia, el territorio que mayor recaudación obtiene, por un lado; y de los ayuntamientos, por otro, que ven garantizada por ley una participación mayor en los tributos concertados y verán aumentados sus recursos a través del aumento del Fondo Social, que sube desde los 20 hasta los 35 millones. Será el Gobierno Vasco el que realizará una aportación mayor: 24,5 millones al año, en vez de los 14 que ponía hasta ahora. Son los ayuntamientos y las diputaciones las principales beneficiarias de este fondo.

Además, la ley garantiza a los municipios una participación del 39,23% en los tributos concertados, mientras hasta ahora solo existía una recomendación de un mínimo del 37,33%. En Gipuzkoa, aclaró Olano, ya se destinaba el 40% a los ayuntamientos, pero el diputado general recalcó que ahora, además de esa garantía legal, contarán con un mayor colchón del citado del Fondo Social y otro fondo de 900.000 para el impulso del euskera.

Olano reconoció que la actual Ley de Aportaciones, diseñada para el periodo 2007 y 2011 y que ya heredó cuando accedió por primera vez al cargo de diputado general en 2007, se ha ido prorrogando durante diez años, hasta 2021. Apuntó que esta ley “tenía un desacuerdo en la base” y generaba “tensiones entre las diputaciones”. “Teníamos una dinámica de suma cero. Lo que ganaba el uno lo perdía el otro”, admitió.

“Para llegar a acuerdos en situaciones así, hace falta fortaleza política y que una mayoría parlamentaria la respalde. Alcanzar el acuerdo político demuestra fortaleza, al contrario que “el enfrentamiento y las desavenencias”, indicó. “La estabilidad es importante y cuando la hay en política, se extiende a lo social y eso, en esta pandemia, vale oro y en el mundo de la empresa es esencial”, dijo Olano, satisfecho y “tranquilo” por el acuerdo.

“La lectura que hacemos es que las peticiones de cada uno se han recogido en el acuerdo. Es bueno para el Gobierno Vasco, para las tres diputaciones y para los municipios. Y eso es fundamental”, reiteró el diputado general, porque “cuando hacemos defensa de Gipuzkoa hacemos defensa de los ayuntamientos de Gipuzkoa y por eso es bueno este acuerdo”.

El diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Jokin Perona, señaló, por su parte, que “la base del acuerdo es la ampliación del Fondo General de Ajuste” desde el 1% hasta el 1,45%. Se trata de una bolsa de dinero que engordan, a medias, el propio Gobierno Vasco, y los territorios que más recaudan, es el caso de Bizkaia en los últimos años, al superar el 99% de su coeficiente horizontal, que es la cantidad teórica que debería aportar cada territorio en función de su peso específico en la CAV (Bizkaia 50%; Gipuzkoa 33% y Araba 16%). Para fijar este coeficiente se tienen en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) y el esfuerzo fiscal de cada territorio.

Perona explicó que la actual Ley de Aportaciones estuvo en vigor de 2007 a 2011 y “nos hemos pasado diez años prorrogando continuamente esta ley porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. En febrero de 2019 hubo un avance cualitativo y cuantitativo importante en todo ese esquema”, remarcó, cuando se creó un fondo extraordinario de hasta 60 millones de euros, un 1,45%, que es el porcentaje que ahora se instaura por ley en dos tramos del Fondo General de Ajuste: 60 millones para compensaciones entre las diputaciones.

Perona precisó que el proyecto de la nueva ley 2022-2026 se aprobará la próxima semana en el Consejo del Gobierno Vasco y que si “a finales de septiembre o principios de octubre” se aprobase en el Parlamento Vasco, “los presupuestos de 2022 estarían sujetos a esta ley”.

La aportación vertical, la que las diputaciones hacen al Gobierno Vasco, aumenta del 70,04% al 70,81% del total de la recaudación de cada Hacienda, pero esto “tendrá un efecto financiero neutro” en las arcas forales. “No supone una menor financiación, sino que se neutraliza con el Cupo”, señaló Perona.

Esta mayor aportación va dirigida a financiar las nuevas competencias asumidas por Lakua en los últimos años, como las prisiones, la I+D+i, las autopistas AP-1 y AP-8 y también los gastos extraordinarios provocados por la pandemia de covid en sanidad y educación. Gastos, la mayoría, que antes se cargaban a través de Cupo, la factura que se abona al Estado por estos servicios que nos prestaba.

“Cuando hacemos defensa de Gipuzkoa, la hacemos de los ayuntamientos; por eso es bueno el acuerdo”

Diputado general de Gipuzkoa

“Hemos pasado diez años prorrogando la ley porque no hemos sido capaces de llegar a acuerdos antes”

Diputado de Hacienda y Finanzas