- El Foro Marítimo Vasco consideró ayer que la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) sobre el anterior sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros, es “injusta” y refleja “falta total de sensibilidad” hacia el futuro de la industria naval “en unos momentos muy delicados”. En todo caso, afirmó que la sentencia no es firme, será recurrida “de inmediato” y no afecta al actual sistema de tax lease.
El Foro Marítimo Vasco, el clúster de la industria naval del País Vasco que agrupa a unas 250 empresas (con una facturación en 2019 de 2.855 millones y 13.705 empleos), se pronunció de este modo después de que el TUE decidiera avalar este pasado miércoles la decisión de 2013 de la Comisión Europea de declarar “ilegal” el sistema español de bonificaciones fiscales y obligar a España a recuperar el dinero.
El clúster vasco destacó que la sentencia “no es firme y será recurrida de inmediato” y, además, “no afecta para nada” al sistema de tax lease que está vigente actualmente, “impoluto y bendecido por la UE”.
Señaló que “la resolución se refiere exclusivamente a un asunto totalmente obsoleto, aunque recurrente, que nos indigna y que esperemos no dañe la buena imagen y el buen hacer de la industria naval vasca y española”.
A su entender, “es una sentencia totalmente injusta en contra de la industria naval española” y que demuestra “una falta total de sensibilidad de la Comisión Europea hacia la defensa de los intereses y del futuro de su industria naval en unos momentos muy delicados para todo el tejido industrial europeo”.
Por su parte Pymar, sociedad que agrupa a 19 astilleros privados, anunció ayer que recurrirá este fallo. “No compartimos la sentencia, que no es firme y que recurriremos”, aseguró la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo.
En este sentido, López del Pozo añadió que “nos parece injusta y en contra, una vez más, de la industria naval española. Mientras tanto, y abundando en el trato desigual, el sistema holandés continúa sin investigarse”.
El Tribunal General de la UE ha desestimado los recursos presentados por los astilleros a la obligación de devolver las ventajas fiscales que se les dieron entre 2007 y 2011, unas ayudas que tendrán que ser recuperadas por el Gobierno.
