- ELA informó ayer de una sentencia del TSJPV en la que ha resuelto a favor de un trabajador de las obras del soterramiento del Topo y en contra de la empresa, a la que sanciona por poner en riesgo su seguridad durante las tareas de transporte de escombros. Según el fallo judicial, la empresa habría puesto en peligro la integridad física del operario al obligarle a realizar los trayectos “incumpliendo sistemáticamente” el peso máximo autorizado (PMA) de los camiones.
En su resolución, el tribunal ha impuesto a la subcontrata Excavaciones Imanol Lasa una indemnización de 5.000 euros en favor del trabajador. Según el sindicato, con trayectos desde la obra a los vertederos de Orio y zona alta del Polígono 27 de Donostia, con cargas “que llegaban hasta el 50% del PMA”, el TSJPV ha considerado que dicha empresa sometía al trabajador “a una situación de riesgo” y aunque no hubiera sufrido “un accidente o lesión concreta”, vulneró su integridad física”.
La denuncia de este caso la realizaron los responsables de ELA de Industria y Construcción Igor San José y David Pena. Según explicaron, esta sentencia responde a una de las numerosas denuncias que han presentado contra las obras de soterramiento del Topo a su paso por el centro de la capital donostiarra. “Hemos denunciado en multitud de ocasiones las pésimas condiciones de seguridad y salud laboral” en la que trabajan los operarios tanto ante Inspección Laboral como ante la justicia.
La docena de denuncias, colectivas e individuales, que ha formalizado ELA se han referido a “jornadas abusivas e ilegales”, “ritmos exagerados de trabajo” y, sobre todo, a “la no aplicación de las normas de prevención y seguridad laboral y vial”, fomentando “constantes accidentes laborales”.
Los respoonsables del sindicato fueron muy críticos tanto con la UTE (Mariezcurrena, Zubieder, Campezo, Sacyr y Cavosa) como con Eusko Trenbidak. A la UTE le acusó de no informar de las filtraciones de agua y tierra que se produjeron antes de la apertura del socavón que obligó a desalojar a dos edificios del centro. Y a la compañía pública, de “mirar hacia otro lado” ante los incumplimientos en seguridad laboral.
