- Agilizar por un lado el cobro de la prestación del paro y, al mismo tiempo, dificultar que las empresas se escuden en la pandemia del coronavirus para despedir y presentar ERTE para su plantilla. Ese es el doble objetivo de un paquete de medidas anunciado ayer por el Gobierno español, que vetará temporalmente las rescisiones de contratos durante el estado de alarma, aunque será más flexible en la tramitación del cobro del subsidio cuando la causa sea justificada.
Comisiones Obreras y UGT habían planteado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez un dique de contención contra la presentación masiva de despidos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladó ese testigo al consejo de ministros, que pone un filtro ante la avalancha de despidos objetivos por causa de fuerza mayor. Lo hace en todas sus variables: motivos económicos, de producción, organizativos y técnicos con el objetivo de cerrar una puerta que el propio Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos había abierto al flexibilizar la admisión de expedientes por parte de las compañías.
Por esa puerta están entrando cada día decenas de miles de ERTE en todo el Estado y el Gobierno español pretende ahora frenar de alguna forma esa avalancha. "No se puede utilizar el COVID-19 para despedir", señaló ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras un Consejo de Ministros extraordinario que aprobó un nuevo paquete de medidas laborales, entre las que está "no considerar justificado el despido" por falta de tesorería, frenazo de producción o causas de fuerza mayor relacionadas con esta crisis.
"Hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos necesarios para que se pueda acudir al Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), no es necesario despedir a nadie en nuestro país", subrayó ayer Díaz. Así, y a la espera de conocer más detalles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio legal introducido por el Gobierno para los despidos se ceñiría a los despidos objetivos, con 20 días de indemnización, y no a los disciplinarios. Tampoco tendría efectos retroactivos.
Díaz recordó también que el Gobierno no entra en la calificación posterior que los jueces hacen de un despido si el trabajador decide demandar y que es donde se dirime si es procedente, improcedente o nulo. "No confundamos las causas de los despidos con la calificación que lo jueces harán o no", indicó.
Llueve sobre mojado porque durante la crisis de 2008, y precisamente para evitar los procesos judiciales, muchas empresas optaron por echar a trabajadores reconociendo que se trataba de un despido improcedente y abonando la indemnización correspondiente, lo que se dio en llamar el despido exprés. Ahora se trata de evitar de nuevo un aluvión de despidos en medio de un frenazo de la actividad que no está vinculado a la economía, si no al colapso generado por el estado de alerta y el confinamiento de los ciudadanos.
Junto con la prohibición del despido objetivo, reclamado por los sindicatos, el Gobierno acordó ayer un mayor control de los ERTE a los que están acudiendo miles de empresas y advirtió de que habrá sanciones si se hace un mal uso con la devolución además de las cuantías recibidas en forma de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social.
"Vamos a revisar de oficio todos y cada unos de los ERTE que ahora mismo se están aprobando, todos y cada uno de ellos. En caso de que observásemos algún tipo de fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador", subrayó la ministra.
Asimismo, el Gobierno acordó que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantengan hasta que concluya la crisis sanitaria.
Es decir, que no cuente el tiempo en el que la empresa tenga parada la actividad y puedan alcanzar su duración máxima efectiva cuando pase esta situación.
"No hay que extinguir los contratos temporales, estos se interrumpen y continuarán cuando pasemos la crisis sanitaria", añadió.
113.557
trabajadores y trabajadoras vascas se han visto ya afectados por expedientes de regulación temporal de empleo desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus.
Evolución del día. Ayer se incrementaron los expedientes afectando a casi tres mil empresas más en un solo día, al pasar de los 13.576 ERTE registrados el jueves, a los 16.297 que se contabilizan este jueves. El número de trabajadores afectados subió más de un 15% en un solo día, de 98.292 trabajadores a 113.557.
Gasolineras. Las petroleras agrupadas en AOP (Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni y Saras) pidieron ayer al Gobierno ayudas.
Sindicatos. UGT y CCOO, que el jueves cifraron en un millón los despidos este mes de marzo y en más de un millón los afectados por ERTE, celebraron las medidas, que van en línea con sus reclamaciones, y pidieron continuar extremando la protección a los trabajadores en esta crisis.
Patronales. En la otra cara de la moneda, desde CEOE y CEPYME consideraron que las nuevas medidas "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo". Estimaron que las medidas serán perjudiciales para el equilibrio económico y la salud de las cuentas públicas, porque aumentarán considerablemente el déficit, y reducirán la confianza de los inversores.
