El impacto de las ayudas fiscales en Gipuzkoa será de 300 millones

La Diputación admite que no se alcanzarán los objetivos de recaudación estimados

25.03.2020 | 01:52
El diputado general, Markel Olano, durante su reunión ayer en las mesas técnicas que se han organizado en el ámbito económico. Foto: N.G.

donostia – Las medidas fiscales que la Diputación de Gipuzkoa ha previsto implantar contra la crisis del coronavirus tendrán un impacto de 300 millones de euros, lo que significará reducir las previsiones de recaudación que se habían realizado en el Consejo Vasco de Finanzas para este ejercicio. La portavoz foral, Eider Mendoza, admitió que esta merma se traducirá en una reducción de los recursos de los que dispondrán todos los niveles administrativos del territorio.

Mendoza ofreció una comparecencia telemática para informar de las resoluciones adoptadas en el Consejo de Gobierno foral, al que también muchos diputados teleasistieron. Si bien el grueso de las decisiones se destinan a reforzar el sistema social tras el surgimiento de varios casos de COVID-19 en residencias, los cargos forales también aprobaron medidas en el ámbito fiscal cuyo objetivo, según destacó la portavoz foral, es "ser más flexibles y dar más tiempo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sobre todo a aquellos con dedicación a la actividad económica".

Respecto a este colectivo, recordó una de las primeras resoluciones adoptadas que consiste en una ampliación a 300.000 euros del límite para conceder de manera automática los pagos, que no requerirán garantía y tendrán un plazo de 24 meses. Los vigentes además ven retrasado su cumplimiento de marzo a abril. La aplicación de esta medida tendrá un importante impacto económico, que la Diputación de Gipuzkoa estima en 120 millones de euros.

otras medidas Además de esa decisión, en materia fiscal del Consejo de Gobierno Foral aprobó otras directrices que flexibilizan las cotizaciones. Una de ellas es la ampliación del plazo de los pagos de declaraciones y autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, que se alargará hasta el 27 de abril.

Del mismo modo, se traslada hasta el 1 de junio el pago de las deudas tributarias que tengan pendientes los contribuyentes, mientras que las devoluciones a los autónomos y empresas se hará con la mayor celeridad posible, según se comprometió la Hacienda foral.

Eider Mendoza añadió que los autónomos no estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados del IRPF durante los dos primeros trimestres del año, lo que significará liberar 32 millones de euros en este colectivo.