donostia - El Gobierno aprobó ayer subir las pensiones el 0,9% desde el 1 de enero, un incremento que tiene un coste de 1.406 millones de euros y que comenzará a pagarse en la nómina de febrero. Sin embargo, el Ejecutivo deja para más adelante un incremento mayor de las pensiones mínimas, una de las reivindicaciones de los pensionistas vascos que desde hace dos años se concentran en la CAV y que ayer consideraron "escasísimo" el incremento acordado.
El primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición aprobó como su primera medida un decreto ley, que deberá ser convalidado después en las Cortes, recogiendo la revalorización de las pensiones, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con esta subida "no habrá ninguna merma de poder adquisitivo", dejó claro Sánchez, ya que los pensionistas percibirán una paga compensatoria, "antes de abril de 2021", si la inflación del año supera dicho incremento, según aseveró.
El recién investido presidente de España recordó que con este incremento, que responde a la estimación media de inflación que hace el Gobierno estatal, cumple el compromiso con los casi 10 millones de pensionistas y corrige "el techo del 0,25%" que les supuso la perdida de poder adquisitivo.
Sánchez se refirió así al índice de revalorización (IRP) que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que introdujo una fórmula para calcular la subida anual de las pensiones que estaba marcada por la situación financiera del sistema, de forma que si la Seguridad Social estaba en déficit solo se garantizaba una subida mínima anual de un cuarto de punto porcentual.
El presidente del Gobierno estatal señaló que el decreto ley no deroga la reforma de las pensiones sino que "orilla" el actual índice del 0,25%, "a la espera de llegar a un acuerdo" en el Pacto de Toledo que ligue "la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida".
Esta medida beneficia a 9.801.016 pensiones contributivas, que supondrán un coste de 1.229 millones de euros, mientras que el resto (655.000 de clases pasivas, 451.156 no contributivas y 195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%) apenas representarán un gasto de 177 millones. Los atrasos correspondientes a enero se incluirán en la nómina de febrero.
Tras la revalorización, todas las pensiones experimentarán incrementos, aunque las más bajas no registrarán aumentos superiores para alcanzar niveles similares a los del salario mínimo interprofesional, cuestión que se abordará más adelante.
Con la aprobación del decreto ley, la pensión mínima de jubilación para los mayores de 65 con cónyuge a cargo, que es la más habitual, alcanzará los 843,40 euros al mes, distribuido en 14 pagas (11.807 anuales), 7,5 euros mensuales más.
Asimismo, la pensión máxima ascenderá a 2.683 euros al mes (37.566 euros anuales), tras aumentar en 23 euros mensuales. De este modo, la pensión media de jubilación alcanzará los 1.153,84 euros mensuales (10 más al mes), tras aplicar la subida del 0,9% a la cuantía fijada en la nómina de diciembre (1.143 euros).
Por su parte, la pensión media del sistema (que incluye jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y a favor de familiares) aumentará 9 euros, hasta alcanzar los 1.004, frente a los 995 en los que se situó en diciembre.
Con la subida aprobada, los pensionistas ganarán previsiblemente este año poder adquisitivo, ya que, según las previsiones macroeconómicas gubernamentales, el deflactor del consumo privado (indicador similar al IPC) alcanzará el 1,6% en 2020.
reacciones La medida adoptada ayer en el Consejo de Ministros tuvo reacciones de distinto signo, ya que si bien la Plataforma de Pensionistas de Bizkaia y el sindicato LAB fueron críticos al considerarla de escasa entidad, las centrales sindicales CCOO y UGT la valoraron aunque instaron al Gobierno a abordar la cuestión de las pensiones más bajas.
Jon Fano, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Bizkaia, calificó de "escasísima" esta subida en declaraciones a Europa Press, y aseguró que "no resuelve para nada" los problemas que tiene este colectivo. Por este motivo, confirmó que se mantiene la convocatoria de huelga general para el próximo 30 de enero en el País Vasco y Navarra.
El portavoz advirtió de que "es falso" que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, dado que "si tomamos en cuenta que un 0,9% de subida a una pensión de 800 euros significa 7 y pico euros, a una pensión de 2.500 significa 22 euros".
Desde el ámbito sindical, LAB también se mostró crítico con esta medida. La central sindical denunció que esta revalorización "no satisface, ni de lejos", las demandas de los pensionistas vascos, al tiempo que lamentó que no se ha garantizado la subida de las pensiones equivalente al IPC para los próximos años ni la eliminación del factor de sostenibilidad.
Además, señaló que en el caso de los 13.421 pensionistas que reciben un complemento de la RGI la subida solo beneficia al Gobierno Vasco, que ve reducir el complemento que concede, y no a los pensionistas.
Por su parte, el incremento fue valorado tanto por CCOO como por UGT, si bien lo consideraron "parcial" ya que no ha sido superior para las mínimas y urgieron al Gobierno a derogar la reforma de 2013, a retomar el Pacto de Toledo y a blindar por ley las pensiones al IPC. - N.G./Agencias
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puntos porcentuales fue el aumento que experimentó la cantidad de la Seguridad Social destinada al pago de pensiones a cierre del pasado ejercicio en comparación con diciembre de 2018. Las de jubilación fueron las que mayor asignación recibieron de los 9.760 millones de euros desembolsados en el último mes del año.
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euros más al mes será la subida que experimentará la pensión media tras aplicar el incremento del 0,9%, para situarse en los 1.153,84 euros distribuidos en 14 pagas.
