donostia - La nueva ley vasca de Empleo Público, que regulará las condiciones laborales de cerca de 110.000 funcionarios de la CAV, afronta hoy uno de los últimos trámites antes de dar el salto al Parlamento de Gasteiz. Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos y sindicatos emitirán su veredicto sobre el anteproyecto de ley, y el Ejecutivo da por hecho que ni las instituciones forales ni Eudel pondrán obstáculos para que la normativa siga su curso, de forma que para final de año podría llegar a la Cámara. En cambio, el rechazo de los sindicatos anticipa que la puesta en marcha del texto en las distintas administraciones será conflictiva. Desde una central sindical vasca se reconocía ayer que en el último borrador el Ejecutivo vasco ha incluido “algunas cosas” en referencia a las aportaciones al anteproyecto de ley que han realizado los sindicatos, pero que en todo caso siguen siendo “insuficientes”. Las cuatro grandes centrales de la administración vasca, ELA, LAB, CCOO y UGT, comparten, en líneas generales, su diagnóstico en relación a la ley de Empleo Público, sobre la que critican tanto el fondo, llegando a afirmar que supone introducir la reforma laboral en la administración, como la forma por el escaso margen de negociación que a su juicio ha dejado el Gobierno.
Los sindicatos pondrán por tanto hoy la nota disonante en la reunión del Consejo Vasco de la Función Pública, en la que en principio desde el ámbito institucional no habrá pronunciamientos en contra del anteproyecto. El Gobierno Vasco ha mantenido diversos contactos, tanto con diputaciones y ayuntamientos como con los sindicatos y otras entidades sociales, en un proceso negociador que ha contado con más de 3.000 aportaciones.
El objetivo del Gobierno es actualizar la regulación del empleo y las condiciones laborales de los casi 110.000 trabajadores públicos de Lakua, diputaciones y ayuntamientos vascos, reemplazando así a la actual ley que fue diseñada hace 25 años. La nueva norma incluye fórmulas para reducir la elevada interinidad y mejoras en el ámbito de la conciliación.
En los últimos meses se han retirado algunos de los puntos más conflictivos, como la posibilidad de bajar el salario de los funcionarios en épocas de crisis económica, aunque se mantiene la posibilidad de ascender en la carrera profesional sin cambiar de plaza. Tras el visto bueno en el consejo, el texto irá a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento.
