El CES reclama a Rajoy que revise su reforma porque castiga el bolsillo de los pensionistas

donostia. Los pensionistas perderán poder adquisitivo con la nueva normativa de pensiones cuyo anteproyecto de ley será aprobado hoy por el Gobierno español, según se recoge en el informe del Consejo Económico y Social (CES) aprobado ayer con el voto favorable, entre otros, de los representantes de la propia patronal española, que instan al Ejecutivo a modificar una reforma del sistema de pensiones que cuenta con la oposición de la mayoría de los agentes sociales y políticos.

Aunque la mayoría de los agentes sociales reconocen la necesidad de una modificación en el sistema para paliar la caída de recursos económicos derivada del hecho de que la crisis ha reducido en casi cuatro millones el número de cotizantes a la Seguridad Social no están de acuerdo en desligar las pensiones del IPC sin más.

El problema es que Rajoy, que vió caer los ingresos del sistema un 4% el pasado año, quiere centrar la reforma del sistema de pensiones en reducir gastos para intentar ahorrar alrededor de 33.000 millones de euros en la próxima década mientras que otros agentes abogan por trabajar en la línea de aumentar los ingresos y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

El último organismo en mostrar su disconformidad con la reforma del Ejecutivo del PP que plantea separar la revalorización de las pensiones de la subida de precios recogida en el IPC y ligar las cuantía de las prestaciones a la situación de las cuentas de la Seguridad Social ha sido el CES de España.

Este organismo que cuenta, entre otros, con representación de sindicatos y patronales empresariales, no le gusta la reforma de pensiones que el Gobierno del PP ha puesto sobre la mesa. En concreto, el Consejo Económico y Social cree que la nueva fórmula de revalorización de las prestaciones por jubilación podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo en tiempos de crisis que "en principio" no llegará a recuperarse cuando el sistema vuelva a superávit.

El Pleno del CES, en el que están representados el Gobierno, sindicatos, patronal y el denominado tercer sector social, aprobó con 43 votos a favor de los 54 emitidos y dos abstenciones, el dictamen definitivo, aunque no vinculante, sobre el anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones.

En dicho informe se le pide al Gobierno español que "reconsidere" la nueva fórmula de revalorización de estas prestaciones porque, insiste, al contrario de lo que dice la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en que la propuesta argumenta que los cambios en el modo de actualización anual de las pensiones supondrán "una pérdida de poder adquisitivo en contextos de crisis como el actual, que además no llegaría a recuperarse".

El CES -presidido por Marcos Peña, secretario general de Empleo en el Gobierno de Felipe González- es un órgano consultivo autónomo formado por tres grupos. En el primero están los sindicatos UGT y CCOO, ELA y CIG. El segundo lo integran las patronales CEOE y Cepyme. El tercero lo forman organizaciones agrarias, de pescadores y de consumidores, junto con expertos designados por el Gobierno que tambien han votado contra el plan gubernamental "porque genera alarma social innecesaria"

El proyecto de reforma del Gobierno cuestionada ahora también por el CES contempla la desvinculación de la actualización anual de las pensiones del IPC y su sustitución por una fórmula en la que se tiene presente la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, con un suelo en los años malos (0,25%) y un techo en los buenos (IPC más 0,25%); y la utilización de la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila, llamado Factor de Sostenibilidad. El documento remitido por el Gobierno iba acompañado de una memoria de impacto económico que cifraba en poco más de 800 millones el recorte en pensiones para 2014 y en 33.000 hasta 2022.

El órgano consultivo echa en falta una "diferenciación" entre lo que son las necesidades financieras del sistema de pensiones "coyunturales", que tienen que ver con la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social en el actual contexto de crisis, y los "estructurales", vinculados al envejecimiento de la población.

En todo caso, el Gobierno del PP se queda solo en la defensa de una reforma de pensiones que supondrá, según CCOO, una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8 y 28,3 % en los próximos 15 años para un colectivo actual de nueve millones de personas.