Un embargo decretado desde Donostia fue "solucionado rápidamente" en Irun

Donostia. Un embargo que había sido decretado por la oficina de Hacienda en el barrio donostiarra de Gros en enero de 2001 fue "solucionado rápidamente" por el entonces responsable de la delegación tributaria de Irun y principal acusado en el juicio que se está sustanciando en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por las presuntas malversaciones cometidas en esas dependencias del erario del territorio.

Uno de los testigos que ayer compareció en la novena sesión del juicio relató que, después de que hubiera pagado a Bravo una deuda de seis millones de pesetas en cuatro plazos allá por el año 1999, la oficina tributaria de Donostia dictó dos años más tarde diligencia de embargo de saldos de sus cuentas corrientes.

El testigo, que se dedicaba al transporte por carretera y cuya obligación provenía de un fraude que había efectuado al utilizar en su camión gasóleo agrícola bonificado, narró que acudió a la asesoría Urdanibia, en la que trabajaban la hermana de Bravo y su mujer, Rosa Cobos, esta última imputada también en el proceso. Allí le transmitieron "que lo iban a solucionar". Según relató el deudor, "la solución fue rápida", algo que puso fin al "susto" que sufrió al ver que se le habían embargado las cuentas, a pesar de que "estaba tranquilo porque había saldado la deuda".

El fraude -que dijo que el tercer encausado, Pedro Atristain, era su asesor, aunque "no intervino en ningún momento" en la gestión de la sanción tributaria que se le había impuesto- fue declarado posteriormente insolvente, por orden de Bravo, en la oficina de Hacienda de Irun, según asegura la Fiscalía en su acusación. Concretamente, en enero de 2003 se dio de baja por insolvencia una deuda de 30.272,32 euros, pese a que el deudor era propietario de dos inmuebles y su actividad de transporte de mercancías le reportó en ese ejercicio una facturación de 174.947,65 euros. El Ministerio Público considera que, con esa actuación, Bravo impidió que Hacienda pudiera recobrar la deuda del camionero.

Además, el fiscal Javier Larraya cree que las cantidades que el jefe de la oficina de Irun percibió directamente de ese deudor se las apropió al no ingresarlas en las cuentas de la Diputación. Comoquiera que no procedió en un primer momento a dar de baja las deudas, estas siguieron vivas y, por ello, la oficina donostiarra procedió a los embargos. A través de la asesoría Urdanibia se gestionó el levantamiento de los embargos en coordinación con la delegación de Hacienda de Irun. Así, tal y como denuncia la Fiscalía, si las trabas de las cuentas se realizaron el 10 y el 11 de enero de 2001, el mismo 11 de enero el expediente tributario del deudor pasó de la oficina tributaria de Donostia a la ejecutiva de Irun.

Tableta electrónica Otros cinco testigos pasaron ayer por la sala del juicio, en cuyo banquillo de los acusados Bravo utilizó en algunas ocasiones una tableta electrónica en la que estuvo incluso escribiendo frente al tribunal presidido por el magistrado Iñaki Subijana. Tres de los comparecientes reconocieron haberse beneficiado de quitas de deudas tributarias, algo que el ordenamiento jurídico prohíbe.

Una de esas personas, un asesor fiscal que intermedió en el pago de la deuda de una cliente por 15 millones de pesetas, relató que Bravo accedió a fraccionar los pagos. De ese modo, se procedió a un primer abono de 1,5 millones de pesetas y un segundo de dos millones. Según el asesor, el jefe de la oficina de Irun "nos dijo que iría escribiéndonos cartas detallando qué día y qué cantidad debíamos pagar". Sin embargo, no hubo más requerimientos y la deuda no quedó saldada. Según el fiscal, Bravo pidió que la contribuyente fuera declarada insolvente y dio de baja sus deudas por un total de 87.115,78 euros. Preguntado por la aparente condonación del resto de la deuda, el asesor se limitó a responder que "si el recaudador me dice que me envía una carta exigiendo el pago y luego no llega...".

Otra testigo, socia y apoderada de una empresa de Irun, narró que la sociedad debía 240 millones de pesetas. Un asesor les recomendó la "estrategia de pagar lo que pudiéramos y luego impugnar los requerimientos". El fiscal asegura que Bravo cobró 22,5 millones de pesetas, de los que solo ingresó 7,5 millones en las arcas forales.