"En Europa no pueden creerse lo que ha hecho España, cuando la UE apuesta por las pensiones"

Donostia. Amaia Aldasoro considera que ante la incertidumbre provocada por el decreto ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público, Elkarkidetza debe transmitir un "mensaje de tranquilidad" a las instituciones públicas que han suspendido cautelarmente el abono de las aportaciones mensuales a la EPSV.

¿Qué opina sobre el decreto del Gobierno que prohíbe las aportaciones de administraciones públicas a planes de pensiones?

Estamos, como entidad fundadora que somos, en la ejecutiva de la Asociación Europea de Instituciones de Pensiones del Sector Público, que aglutina a 25 entidades de 16 países que dan cobertura a 28 millones de trabajadores y pensionistas. Se trata de un órgano consultivo de la Comisión Europea en temas de pensiones y previsión social. Recientemente hemos celebrado en París una reunión en la que los otros asociados no daban crédito a lo que ha hecho el Gobierno español en un momento en que la UE marcha en la dirección opuesta y apuesta por la sostenibilidad de las pensiones. Así pues, nosotros tampoco entendemos una medida que supone no entender lo que significa la previsión social. Cuando en Europa se está diciendo a cuatro voces que hay que fomentar el ahorro a largo plazo, resulta que se aprueba ese decreto. Desde luego, quien toma una medida de este tipo está totalmente al margen de esas máximas europeas.

¿Se puede calificar de intervencionismo excesivo la medida del Gobierno central?

Cuando se hace por decreto y el espíritu es únicamente tratar de solventar el problema del déficit público, lo más fácil es reducir el capítulo de gastos de personal en las administraciones. De todos modos, todavía hay que analizar si el Gobierno tiene competencia para influir en los pagos a una EPSV y si la medida es constitucional o no. Los asesores jurídicos nos han trasladado que en el Gobierno están bastante sensibilizados con lo relativo a la parte de las prestaciones dedicada a las eventuales situaciones de incapacidad y fallecimiento, lo que llamamos cuotas de riesgo. Pero claro, lo que buscamos es que no afecte en nada a nuestra situación.

¿Puede afectar seriamente a Elkarkidetza la decisión del Ejecutivo central?

Elkarkidetza tiene un margen de solvencia muy por encima del nivel mínimo exigido, pues cuenta con un patrimonio de 775 millones de euros. En el supuesto de que el Ministerio se pronuncie en la línea de extender la prohibición a entidades como Elkarkidetza y dejáramos de ingresar las aportaciones de las instituciones durante todo 2012, nuestra solvencia no se vería afectada. Ahora bien, si esta situación se dilatara en el tiempo, habrá que pensar si el modelo responde a los objetivos con los que Elkarkidetza fue creada. Ahora mismo, para poder pagar una renta vitalicia es necesario que haya historiales de cotización largos y aportaciones suficientes y sostenidas en el tiempo. Si eso no sucede, los complementos de pensiones de los funcionarios vascos se verían, lógicamente, afectados.

Aunque la decisión de suspender los pagos a Elkarkidetza responde a lo determinado por el decreto ley, la situación financiera de las diputaciones y ayuntamientos no es muy boyante, por lo que los funcionarios no lo verán muy claro...

Ya, pero frente a ello queremos dar un mensaje de tranquilidad a nuestros asociados. Elkarkidetza va a atender a las prestaciones. En cuanto a las instituciones públicas, creo que se salvará el año porque hay voluntad para pagar y si no, habrá que buscar alternativas. Esperamos que nuestros asociados confíen en una entidad que ha gestionado su patrimonio durante más de 25 años. En ellos, hemos registrado una rentabilidad media anual del 8,6%. En una situación de debacle de los mercados financieros como la de 2008, generar confianza fue vital. Ahora que atravesamos un mal momento de las cuentas públicas, esa confianza también hay que trasladarla a las instituciones. Sin embargo, normas como el decreto ley de diciembre lo único que hacen más es generar dudas.