Donostia. El Gobierno municipal insistió ayer en que respetará, "como no podía ser de otra manera", la decisión que tome el pleno sobre la ubicación de la estación de autobuses. En consecuencia, esta afirmación se traduce en que Bildu impulsaría esta infraestructura en Atotxa, tal y como defienden todos los grupos de la oposición (PSE-EE, PP y PNV).
El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, acompañado del delegado de Hacienda, Jabi Vitoria, explicó, sin embargo, que este proyecto "deberá cumplir con todos los requisitos legales", lo que incluye un informe de impacto medioambiental que, por el momento, no existe.
Después de una semana en la que el cruce de acusaciones sobre la seguridad del proyecto en Riberas de Loiola y sobre la supuesta intención del equipo de Gobierno de paralizar la obra en Atotxa haya sido constante, el edil subrayó que este estudio ya fue solicitado por el secretario del Ayuntamiento en octubre de 2010. "Entre los proyectos que deben someterse a la evaluación de impacto medioambiental figura la construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales. No consta en el expediente que haya sido cumplido este requisito, que si se entendiera que no procede, debiera contar cuando menos con un escrito aclaratorio de la autoridad medioambiental", dice el documento.
Burutaran apuntó que la entidad competente, la Diputación Foral, ha dictaminado que "el proyecto de instalación de la estación de autobuses de Atotxa sí está sometido al procedimiento de evaluación individualizada de impacto medioambiental". Según el edil, el Ayuntamiento ya ha solicitado este informe, igual que lo ha hecho para su propuesta de Riberas de Loiola. "No queremos que esta obligación legal sea entendida por parte de nadie como una amenaza para que los grupos modifiquen su postura, pero no podemos mirar para otro lado cuando hablamos de cumplir la legalidad y las leyes medioambientales son igual de importantes que las demás", apuntó.
Preguntado por cómo es que la obra de Atotxa ya está adjudicada si este informe era necesario, el responsable de Urbanismo respondió que "ha habido algún intento por parte del Gobierno anterior de eludir la normativa por cálculos electorales y poder presentarse a las elecciones con un proyecto de estación ya adjudicado". Algo de lo que también se quejó en noviembre del año pasado el PP, según se publicó en un artículo en este periódico.
El concejal aseguró que apuestan porque haya una estación en 2015, algo que, en su opinión, se garantiza si la estación se construye en Riberas. "Nosotros defenderemos hasta el final el proyecto de Riberas porque es el mejor y apelamos a que los grupos se posicionen por razones técnicas y no políticas. Aún así, se llevará a cabo la propuesta que decida el pleno, teniendo en cuenta que el Gobierno no se va a saltar la legalidad", añadió.
la oposición Por su parte, la oposición criticó que el Gobierno municipal utiliza este informe medioambiental como "excusa" para no hacer la estación de Atotxa. El concejal socialista Ernesto Gasco que "Bildu está buscando paralizar la ciudad y obstaculizar todos los proyectos". "Se han sacado de la manga la enésima excusa, pero el proyecto de Atotxa cuenta con el visto bueno de los técnicos y de los servicios jurídicos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. No deja de ser curioso que ahora que ellos gobiernan ambas instituciones surjan las pegas", agregó.
Asimismo, el edil del PP, Iñigo Arcáuz, calificó de "muy grave" y de "irresponsabilidad" la "amenaza velada" del Gobierno municipal. Finalmente, el portavoz del PNV, Eneko Goia, reclamó a Bildu que "acate y cumpla los acuerdos del pleno y que lleve a cabo los trámites oportunos para construir la estación".