DONOSTIA. El alcalde de Donostia, Odón Elorza, señaló ayer que "habrá que desmontar" la sociedad funeraria Polloe SA, de capital municipal, aunque el expediente aún está en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Explicó que está "a la espera" de que este servicio de asesoramiento indique "los pasos a dar" para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que consideró anulable el servicio de tanatorio que presta la sociedad funeraria. El tribunal consideró que no se había demostrado una necesidad social que justificara esa actividad mercantil.
Para cumplir la sentencia, existen tres opciones: una es disolver la sociedad, otra es mantenerla pero con el fin de ofrecer únicamente los servicios de competencia municipal (cementerio y crematorio, no tanatorio), y la última opción sería presentar una nueva memoria que justifique la necesidad social de desarrollar las actuales actividades.
El regidor recalcó que Polloe se constituyó como sociedad porque "era una necesidad para dar un mejor servicio y más barato que las funerarias privadas". Fueras éstas las que presentaron el recurso, que fue estimado parcialmente por el TSJPV.
El primer edil pidió que "no se haga leña del árbol caído" con este asunto porque, según dijo, "todas las medidas se han adoptado con informes de legalidad y por unanimidad".
Elorza advirtió de que "hay una guerra tremenda entre las funerarias privadas" desde hace, al menos, doce años, ya que éstas "quieren quitarse la competencia del Ayuntamiento porque da un mejor servicio y más económico". Sin embargo, recalcó que el Consistorio "tiene derecho" a dar este servicio.
La pretensión del Ayuntamiento es "seguir, de una forma u otra, prestando servicios funerarios a la ciudadanía con la mejor vocación de servicio público de calidad y siendo absolutamente competitivos con las funerarias privadas", precisó.
cuanto antes Por su parte, la concejala de Hamaikabat, Jaione Arratibel, urgió al Gobierno municipal a tomar una decisión definitiva para cumplir la sentencia del TSJPV, dado que esta decisión es firme y, en consecuencia, no se puede recurrir. Además hizo hincapié en que se dio un plazo límite de dos meses desde la comunicación oficial de la sentencia para llevarla a cabo, un periodo que finalizaría este verano.
Arratibel señaló que Polloe genera unos beneficios anuales de unos 350.000 euros y cuenta con 29 trabajadores, quienes han manifestado su "preocupación" por cómo afectará este proceso a su situación laboral.
La edil pidió que se decida cuanto antes si la gestión y explotación de los servicios funerarios aconseja hacer desaparecer la sociedad o si, por el contrario, debería seguir existiendo pero para ofrecer, únicamente, los servicios de crematorio y cementerio (no el de tanatorio). Sea cual sea la decisión final, requerirá el acuerdo del Pleno, dado que la decisión anulada fue adoptada en este órgano municipal.
Por todo ello, Arratibel solicitó al alcalde que informe sobre las distintas posibilidades que se plantean para el futuro de Polloe, para poder tomar una decisión "a partir de los informes jurídicos y técnicos", y que organice una reunión para definir una solución "entre todos".
Por su parte, las empresas privadas del sector, cuya actividad genera importantes beneficios, ven una batalla ganada en el fallo del TSJPV que hizo público este periódico, ya que les dio la razón en parte. De todos modos, el Consistorio da por seguro que no dejará de prestar el servicio.
