La Diputación vuelve a intervenir la Federación de Hípica

donostia. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha acordado intervenir la Federación Guipuzcoana de Hípica (FGH) habida cuenta del enfrentamiento entre dos sectores que vive el organismo federativo desde hace tiempo. Cabe recordar que esta misma federación ya estuvo intervenida por el ente foral en 2006 y ahora vuelve a hacerlo para tratar de dar con una solución a tan enconada problemática.

Según la orden foral dictada por el Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación el pasado mes de diciembre, la intervención tendrá efecto durante nueve meses y se acometerán diferentes actuaciones. En primer lugar, se sustituirá a la asamblea general para la aprobación de los presupuestos del ejercicio correspondiente a 2012, la aprobación de las cuentas de 2011, la aprobación de la gestión del presidente, el calendario de 2012, la aprobación del reglamento electoral y la designación de la junta electoral -que será reemplazada-. También hay cuentas de años anteriores sin aprobar al no alcanzarse un acuerdo. Asimismo, se sustituirá al presidente de la FGH, Alberto Catalán, en todas sus funciones.

Para llevar a cabo estas modificaciones, la Diputación ha designado al abogado Asier Laskibar -que fue consejero de la Real con Miguel Fuentes como presidente- como interventor con una retribución de 800 euros mensuales -IVA no incluido-, que correrá a cargo de los presupuestos de la Federación.

La confrontación en el seno de la FGH viene de lejos, desde hace más de dos años, sobre todo desde que el propio organismo federativo era el que gestionaba la Hípica de Loiola -al parecer, objeto de deseo de un sector de aficionados a este deporte-. La polémica se ha producido cada vez que había que adoptar un acuerdo: las cuentas, los presupuestos, la aprobación de los calendarios, procesos electorales... además de las mociones de censura presentadas y de las impugnaciones a las propias asambleas. De hecho, las elecciones del pasado 25 de octubre también están impugnadas. Incluso en alguna de ellas tuvo que presentarse la Ertzaintza para garantizar el orden.

En la toma de decisiones de las asambleas se diferencian claramente dos grupos: por un lado, Alberto Catalán -en representación del estamento de técnicos y jueces, y que cuenta con el voto de calidad en caso de empate por ser el presidente-, Bárbara Dürhkop -exconcejala socialista en Donostia que representa al club Ekieaso- y un representante de los jinetes cuya designación también ha generado polémica; y el otro bando lo forman los representantes de los clubes Lazkaomendi, Listorreta y Jaizubia.

Y con motivo de la dimisión presentada por el presidente Alberto Catalán al Departamento de Cultura, Juventud y Deportes el pasado 29 de noviembre, la propia Diputación consideró que "la Federación Guipuzcoana de Hípica no se encuentra en condiciones de atender satisfactoriamente el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo que tiene encomendadas".

procesos judiciales Además de la gestión del presidente y sus colaboradores, lo que más ha enfrentado a los dos sectores existentes en el órgano de decisión de la FGH es la administración de la Hípica de Loiola -propiedad del Ministerio de Defensa-, ahora en manos de la asociación Hipikalia después de un largo proceso de cambios, y sobre todo los bienes de la propia Federación, de los que se han apoderado los miembros de Hipikalia -cuyo presidente es Alberto Catalán y su secretario Jesús Ferreiro, un exmilitar que hasta hace poco era el secretario de la Federación-, según aseguran desde los clubes guipuzcoanos mencionados. Iñaki Bedoya, representante del club Listorreta de Errenteria, afirma que "Hipikalia no es un club federado y sigue utilizando los bienes de la Federación -cronómetros de gran precisión, obstáculos y otros elementos para la práctica de la hípica-, a pesar de que está intervenida".

Estas acusaciones propiciaron un cruce de procesos judiciales, entre los que sobresalían una querella criminal por delito societario contra la junta directiva de la Federación por apropiamiento indebido de bienes interpuesta por el club Lazkaomendi; y la demanda, por parte del club Jaizubia, del voto ponderado -un segundo voto por tener más de 100 licencias federativas- que ostentaba en la asamblea de la FGH y que el presidente eliminó, lo que influía en la toma de decisiones.