Las medidas que van a utilizar las instituciones incrementando el IBI, aplicando un impuesto especial a las viviendas vacías, la expropiación temporal de viviendas… suponemos que totalmente legales, no van a compensar su dejadez de los últimos años, ni el fracaso de la última ley de vivienda.
Pese a que el objetivo principal de la última ley de vivienda era promover el acceso a la vivienda, no solo no ha tenido los efectos esperados, sino que ha recrudecido la situación, debilitando el alquiler residencial y ha provocado una destrucción de la oferta sin precedentes, alcanzando cotas de precios disparadas para muchos inquilinos. El alquiler residencial de larga duración ha sido el gran perjudicado. La escasez y descenso de oferta se ha agravado desde la aprobación de esta norma que afecta a los inquilinos de toda España y, especialmente, a los que residen en las zonas declaradas de mercado tensionado, como las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco.
Según datos del Banco de España, el 92% de las 3,8 millones de viviendas en renta en España pertenecen a pequeños propietarios y a particulares, mientras que sólo un 8% está en manos de grandes tenedores, como fondos de inversión, y otras personas jurídicas de naturaleza privada. El último Boletín especial de Vivienda Social, elaborado por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda, indica que la vivienda social en España es el 3,4% del total de viviendas, muy lejos de la media europea, donde la vivienda social supone el 8% del parque, es decir, más del doble de las viviendas que en España.
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En términos prácticos, una estrategia articulada sobre seguridad jurídica, el crecimiento de la vivienda pública (alquiler social, promociones de vivienda asequible) y privada (promoción libre, rehabilitación de parque existente) es imprescindible para que la tasa de variación de precios no se mantenga en doble dígito y para favorecer una mejora de la accesibilidad. Sólo así se podrá evitar que el crecimiento poblacional derive en tensión habitacional y desigualdad territorial.
La pregunta es: ¿a qué destina nuestra Administración el 20% y más que recauda cada año de la renta de los 3,8 millones de viviendas arrendadas? Ese importe muchimillonario da para muchísimo terreno y muchas viviendas sociales, hasta acercarnos a la media europea reduciendo tensiones.
