En aplicación de la Ley de Memoria Democrática se han retirado en los últimos años ciertos símbolos franquistas de nuestros espacios públicos; sin embargo no se ha hecho lo propio con las cruces que coronan las cimas de nuestros montes y que en muchos casos se levantaron para homenajear a antidemócratas con la complicidad de la Iglesia católica. Si se aplicara con rigor la mencionada ley, deberían desaparecer todos estos recordatorios, pero no por acciones vandálicas como ha ocurrido en los montes Morkaiko y Buruntza. Parece que hay una doble vara de medir, por no decir hipocresía, a la hora de aplicar dicha ley, al igual que sucede con la ley de maltrato animal que no impide que siga habiendo corridas de toros en nuestras ciudades y sokamuturras en las fiestas nuestros pueblos.

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Unos, los que se han criado bajo el régimen franquista y se han educado con el crucifijo en las paredes de los colegios lo pueden tener interiorizado y asumido como normal, pero para otros, y pensado con objetividad, es anacrónico que todavía en el siglo XXI la cruz siga presente en lugares públicos en una sociedad aconfesional como la nuestra.

Para algunos, la cruz cristiana refleja las atrocidades que en su nombre han cometido los fanáticos religiosos a lo largo de la historia, desde el asesinato de Hipatia por cristianos que se sentían “amenazados” por sus conocimientos científicos hasta los tiempos de la Inquisición cuando se quemaban vivos a aquellos que defendían la teoría heliocéntrica. Durante siglos, en nombre de este símbolo se han justificado guerras conquistando pueblos y aniquilando culturas (indígenas). Muchos no vemos la cruz como símbolo de fraternidad sino como lo que realmente es: un instrumento de tortura.