El Tribunal Supremo ha rechazado la amnistía a Puigdemont por malversación. Se ha aventurado en decir que el delito no trata sobre “quedarse con las cosas de otro” sino de “quitarle a otro las cosas” y que el dinero se destinó “a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos, dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria”. El alto tribunal parece olvidarse de que la voluntad mayoritaria del pueblo catalán era esa. Pero no nos olvidemos que esta decisión no ha tenido una base legal sino política, y que la legitimidad y credibilidad del Tribunal es, dadas las circunstancias, cuando menos dudosa. 

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