En 2023, en el Estado se ha quemado la superficie equivalente a Gipuzkoa y tenemos un 36,86% de agua embalsada de toda la capacidad disponible. Hace un año era el 43,77% y la media de la última década, el 55,57%.
En relación a los efectos del fuego poco hay que añadir a las imágenes de incendios voraces sobrevolados por aviones echando agua y bomberos jugándose la vida. Los políticos visitan las zonas y culpan a la imprevisibilidad de la naturaleza, enterrando fondos públicos ilimitados para ocultar la carencia de políticas agrarias preventivas que deberían haberse implantado muchos años antes, vistas las pérdidas acumuladas. Pues además del efecto económico, provoca el abandono de los agricultores de los espacios que son su medio de vida.
Es necesaria una política preventiva agraria integral a la que dedicar medios técnicos y humanos de expertos en todas las ciencias concernidas. Crear un cuerpo nacional civil de bomberos evitando el despilfarro militar. Como campos y montes dejan de ser cultivados, no se pueden regular los pastos para evitar incendios.
La ciudadanía debe valorar que el campo es un regenerador de vida de la humanidad, por lo que no se pueden abandonar. Hay que recuperar la agricultura autóctona para asegurar el autoabastecimiento. Que vivir en el campo no sea para viejos o ricos para fines de semana o para especulaciones inmobiliarias. Sin olvidar que los baserritarras son esenciales, pero sin limosna.
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