Qué fácil resulta a los políticos disponer de los bienes ajenos. El Ayuntamiento donostiarra va a implementar un recargo del 150% en el recibo del IBI a los inmuebles vacíos y el concejal de Economía afirma que es textualmente "algo positivo para contribuir al mercado del alquiler". Contribuir significa ante todo ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin; ser de un mismo parecer, implica voluntariedad, ergo libertad. Esta decisión del Ayuntamiento es sinónimo de conminación e intimidación amagando y amargando con una amenaza a los propietarios que mantienen sus inmuebles cerrados pero pagan religiosamente los impuestos y todo tipo de gastos que genera dicha propiedad. ¿Qué delitos perpetran? Son utilizados como cabezas de turco para eximir a la clase política de su ineptitud para promover obra pública suficiente para paliar el acuciante problema de la vivienda. Esta medida es intervencionista, situándose en las antípodas de la propiedad privada. La inmensa mayoría de ayuntamientos guipuzcoanos se han subido al carro aplicando diferentes penalizaciones a los propietarios para "estimularles" a entrar por el aro, forzándoles a hacer algo que no desean y que están en su derecho. ¿El siguiente paso para quien pague y no se rinda, será aquello de "exprópiese"? ¿Llaman a esto evolución cuando en realidad es involución? Estigmatizan a ciudadanos que se sacrificaron y mucho para adquirir con su trabajo, renuncias y sudor una segunda o tercera propiedad. ¿Qué mal cometieron? ¿Quién les defiende?
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